Libertad irrestricta para médico

El médico Jhiery Fernández consiguió ayer su libertad irrestricta luego de casi cuatro años de detención en la cárcel San Pedro y desde hace cinco semanas con arresto domiciliario, pero todavía pesa sobre él la sentencia a 20 años de prisión por la presunta violación y muerte del bebé Alexander, que su defensa buscará que sea revertida con una resolución absolutoria.

"Gracias a Dios me dieron la libertad, ya se ha levantado la detención domiciliaria y se me ha restituido el derecho que todo boliviano tiene a estar libre, (...) ya me podré movilizar y viajar", celebró Fernández, al salir de la audiencia en el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz.

Cristián Alanes, abogado de Fernández, confirmó que su defendido ahora podrá desplazarse por todo el país, aunque seguirá con arraigo nacional y deberá acudir cada 15 días a firmar en el registro biométrico de la Fiscalía.

"Todavía falta, hay una sentencia que pesa sobre mí y hay que luchar todavía, no estoy solo, estoy con la familia", dijo Fernández, quien permaneció detenido en el penal San Pedro desde diciembre de 2014 y en marzo de este año fue sentenciado a 20 años de prisión, junto a una médico internista y una enfermera, aunque estas últimas personas a sólo dos años de cárcel.

El contrato laboral que firmó con la Alcaldía de La Paz para trabajar en el hospital de Cotahuma, fue determinante en la decisión del Tribunal de Sentencia, además de los informes de la auditoría jurídica del Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo que hallaron indicios de responsabilidad penal y disciplinaria en los operadores judiciales por presuntas irregularidades en el proceso.

Ahora espera que se fije hora y fecha para la consideración de la apelación de la sentencia de 20 años de cárcel.

Los jueces Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, que lo condenaron, fueron destituidos, mientras que dos fiscales, Edwin Blanco (fiscal Departamental) y Susana Boyán, esta última ayer, renunciaron a sus cargos tras ser reubicados en puestos de ventanilla por las nuevas autoridades del Ministerio Público.

Para que con la sola renuncia no queden liberados de los indicios de responsabilidad, los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe, pidieron ayer mediante una nota al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, la ampliación de la investigación penal que sigue el Ministerio Público en contra de la ex jueza Pacajes, a otros operadores judiciales que participaron del cuestionado proceso.

Santamaría citó a la ex jueza Lía Cardozo, los ex fiscales Edwin Blanco, Susana Boyán, Enrique Morales Díaz, Gladys Guerrero, Roberto Mérida, Javier Chaca, Rosby Zapata, Edna Montoya y Lizet Zarco.

El lunes 17 de septiembre se conoció un audio en el que se oye a la ahora ex jueza, Patricia Pacajes, admitir que el médico era inocente. Tras esta revelación, Fernández logró arresto domiciliario el 3 de octubre.