Peruanos encarcelados esperan ser escuchados

Tras el anuncio de un censo carcelario en Bolivia, dos peruanos detenidos en las cárceles de San Roque en Sucre y Palmasola de Santa Cruz, por crímenes que ellos aseguran no haber cometido, volvieron a pedir ser escuchados para que sus sentencias seas sometidas a una auditoría jurídica, y mientras exista la duda razonable se beneficien con alguna medida cautelar menos gravosa que la prisión.

El caso del peruano Renato Cafferata que lleva ocho años encarcelado en Palmasola por el asesinato de su ex novia, hecho del que él asegura ser inocente, denunció que acudió a todas las instancias judiciales para exigir la anulación de su sentencia e iniciar un nuevo juicio en el marco del debido proceso, pero su reclamo no encuentra respuesta.

Siguiendo su batalla de encontrar justicia, hace dos semanas, Gladys Centeno, madre del acusado, acudió mediante una carta al presidente Evo Morales para denunciar que su hijo fue condenado injustamente a 30 años de prisión sin prueba alguna en su contra, en franco atropello de los derechos fundamentales del ser humano en un indebido proceso.

En su carta al Primer Mandatario, Centeno denunció que acudió a todo el sistema judicial exigiendo justicia e imparcialidad “pero algún tipo de presión que parece superar los principios de su gobierno ha logrado más que mis desmedidos esfuerzos”, asegura.

Hizo conocer al Presidente que logró que la justicia constitucional le otorgue tutela en cuatro ocasiones (una sentencia constitucional y tres amparos constitucionales) pero ninguna se cumple en los tribunales judiciales de Santa Cruz a donde retornó el expediente este año.

“Me han regresado al mismo círculo del vicio y la corrupción. Vuelvo a vivir las mismas pesadillas de discriminación, xenofobia, maltrato e injusticia. Lo que nos sigue ocurriendo grafica que Bolivia es un país de miedo y a ninguna autoridad parece interesarle que se cometan ese grado de injusticias”, sostiene la madre en su misiva.

Asegura que la Policía ni la Fiscalía jamás investigaron el caso y su hijo tampoco pudo declarar sobre el hecho sucedido el 15 de enero 2011 cuando su ex novia fue asesinada por una tercera persona vinculada al narcotráfico. “Ninguna autoridad ha ordenado se haga una auditoría jurídica pese a nuestras reiteradas solicitudes, del cuadernillo de la FECC escena del crimen, desaparecieron pruebas contundentes”, recalcó.

Denunció a los policías que estaban en la escena del crimen, uno de ellos el policía Kent Ortiz Monrroy por desaparición de pruebas y sólo fue sancionado con un arresto de cuatro días por incumplimiento de deberes y desobediencia a sus superiores. Denunció por prevaricato a los vocales Sigfrido Soleto y Hugo Iquise por incumplimiento de sentencia pero no tienen ninguna sanción. “Todo indica que tienen alguna protección de la jerarquía judicial en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre”, enfatizó.

La mujer sostiene que el censo carcelario, si bien es cierto es una prerrogativa del Estado, no resolverá los casos como el de su hijo, porque observa que hay una resistencia sistemática (que calificamos como incumplimiento de deberes) del Estado boliviano, para que sus propias sentencias se cumplan.

En Sucre, está el otro caso del peruano Jheysen Vega Aguilar sentenciado por un supuesto feminicidio de su novia del que él asegura ser inocente y también espera que su caso sea revisado.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que el censo es para identificar a las personas que cumplieron su condena, que sobrepasaron los límites de la detención preventiva, que son inocentes de los delitos acusados o que por alguna circunstancia no amerita que estén encarcelados.