Gobierno promete castigo por los dos linchamientos

Tras los últimos linchamientos en Bolivia, abogados y autoridades de la Iglesia observan que hay demasiada “tolerancia” y ausencia de Estado en la investigación y sanción oportuna de estos hechos, lo que demuestra el fracaso del sistema de justicia y la Policía en la protección de derechos. El Gobierno anunció una respuesta ejemplar en los procesos contra los autores de las últimas ejecuciones.

Hay demasiada “tolerancia” en este tipo de casos que no llegan a ser esclarecidos porque el Estado o el Gobierno, en lugar de brindar mayor seguridad a los ciudadanos, lo que hace es replegar a la Policía y a los fiscales como ocurrió en San Julián (Santa Cruz), aseguró el ex fiscal General del Estado Pedro Gareca.

La tolerancia también se evidencia cuando se trata de algunas comunidades indígenas que no respetan el derecho a la vida y con el pretexto de "justicia comunitaria", cometen hechos delictivos.

Sostuvo que la Policía y la Fiscalía no actúan oportunamente y reaccionan después que desaparecen las evidencias y huyen los autores, por lo que terminan encarcelando a gente que no participó en los hechos.

“Eso no es prestar seguridad jurídica y menos tener interés en la investigación misma; si se investiga es después de que se pierden las evidencias y huyen los autores de los hechos delictivos, aspectos que son elementales para abrir un proceso”, señaló.

El abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, señaló que este tipo de hechos sangrientos demuestran una “anomia social” y el fracaso del Estado en sus instituciones del sistema judicial y la Policía, que no garantizan una protección oportuna de los derechos de las personas; “el ciudadano confía cada vez menos en el sistema judicial y la gente procede a perpetrar asesinatos” cuando se siente empoderada en una turba para resolver sus conflictos.

Remarcó que el mismo Gobierno demuestra la falta de respeto a la normativa cuando se pasa por el “forro” la Constitución, las leyes y referendos. “Demuestra que puedes hacer lo que quieras en la medida que tengas poder, en las turbas las personas se sienten empoderadas para hacer lo que les da la gana y ese es el producto”, acotó.

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos afirmó que el Ministerio Público tiene que ejercer la acción penal en estos casos porque se vulneró el ordenamiento jurídico del país en actos que no se pueden considerar justicia comunitaria.

“Eso está al margen del ordenamiento jurídico y de la Constitución porque se tiene que respetar el derecho a la vida, los que cometieron el delito tienen que comparecer ante los tribunales que establece la ley”, enfatizó.

En Cochabamba, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, comprometió ayer que el Gobierno dará una respuesta "ejemplar" en los procesos iniciados por dos linchamientos.

El lunes fue colgado en la plaza principal de San Julián el brasileño Vinicius Chagas Maciel (32), sindicado de atracar con un arma de fuego a un agricultor soyero cuando llegaba a su casa, aunque los familiares lo niegan; el miércoles, dos jóvenes, de 17 y 19 años, fueron apedreados hasta la muerte luego de ser sindicados de asaltar un vehículo.

Según la ONU, Bolivia es el segundo país de la región donde se registran más linchamientos.