Se incrementan pedidos de cesación a detención
Los privados de libertad tienen la esperanza de celebrar con sus familias
Las solicitudes de la cesación a la detención preventiva se incrementan en los juzgados de instrucción penal de la Capital debido a que los privados de libertad no pierden la ilusión de pasar las fiestas de fin de año en familia. El incremento supera el 150% de lo habitual.
La jueza 3º de Instrucción en lo Penal de la Capital, Ximena Mendizábal, informó que casi todos los privados de libertad que están con detención preventiva recurren a esa figura legal para recobrar su libertad.
“Fin de año es terrible en las solicitudes de cesación de la detención preventiva”, dijo al señalar que las peticiones llegan de privados de libertad que tiene procesos por delitos graves como violaciones y asesinatos, y por delitos de menor gravedad como robos o estafas.
Afirmó que sin embargo casi la mayoría no logra su objetivo debido a que no cumplen con los requisitos establecidos por ley o no consigue desvirtuar los riesgos procesales por los cuales fueron remitidos a la cárcel San Roque.
Habitualmente en los juzgados penales se atienden mensualmente un promedio de cuatro solicitudes de cesación a la detención preventiva, pero se suelen incrementar en un más de 150% en noviembre y diciembre.
“Me imagino que es por la esperanza o la ilusión que tienen (los privados de libertad) de pasar las fiestas de fin de año con sus familias o estar en libertad en esos momentos”, sostuvo Mendizábal.
Explicó que este fin de año podrían beneficiarse varias personas debido a que está en marcha las jornadas de descongestionamiento judicial, que obliga a las instituciones del Estado relacionadas con la temática de privados de libertad, a tomar y analizar los casos que tienen condiciones para beneficiarse.
Por lo general, las solicitudes para las cesaciones de la detención preventiva son impulsadas por los mismos privados de libertad o sus familiares, mientras que en las jornadas de descongestionamiento judicial intervienen las instituciones del Estado con la finalidad de bajar los índices de hacinamiento carcelario.