Al término del primer año de funciones de los nuevos magistrados, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no logró descongestionar toda la carga procesal de la anterior gestión y prevé que hasta el próximo año se cumpla con la emisión de sentencias en los plazos establecidos conforme a procedimiento.

Las notificaciones a los accionantes con las sentencias constitucionales continúan demorando entre tres y cuatro meses.

El presidente del TCP, Petronilo Flores, admitió que las causas rezagadas heredadas por sus antecesores, fueron sorteadas hasta el primer semestre de este año y que están en trámite las resoluciones; en el segundo semestre se sortearon las nuevas causas ingresadas este año.

“Los rezagos todavía pueden generar retrasos pero lo que estamos haciendo es tomar algunas medidas para que en lo posible en estos años que vienen se esté cumpliendo casi exactamente con el plazo”, aseguró.

Flores dijo que de las más de 1.000 causas rezagadas de la anterior gestión, el 80% ya habría sido notificado con una resolución.

El magistrado Orlando Ceballos se refirió a los desafíos que tiene el TCP con las nuevas autoridades. Admitió que en esta gestión no se logró descongestionar totalmente la “enorme” carga procesal heredada.

Dijo que confía en que a partir del próximo año, con la implementación de las salas constitucionales en los nueve departamentos, habrá fallos mejor fundamentados en materia de derechos humanos y constitucionales y no habrá impugnaciones en otras instancias.

Ceballos habló de una mayor incidencia en la capacitación al personal porque la justicia constitucional requiere de profesionales formados al ser de última instancia en el resguardo de los derechos.

“El TCP no puede equivocarse absolutamente en nada y de ahí es que por lo delicado de nuestra misión es una tarea que queda pendiente (la capacitación)”, sostuvo.

El magistrado también señaló que serán rigurosos en el cumplimiento de los plazos, inflexibles no solamente en detectar los casos de corrupción, sino en sancionar cualquier acto de inconducta funcionaria.