Caso Aracely: Denuncian a jueces por prevaricato
La madre de Aracely observa móviles políticos en la resolución impugnada
MOLESTIA. La madre de Aracely, Teresa Caballero, denunció a los jueces en el Consejo. Los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, María Beth Vásquez, Ángel Barrios y Crisóstomo Mancilla, fueron denunciados por presunto prevaricato en el Consejo de la Magistratura y piden su destitución, luego de que dispusieran el arresto domiciliario del sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de Aracely Aguilera, caso que además desveló otro de supuesta corrupción.
Teresa Caballero, madre de Aracely, realizó ayer un plantón de protesta en el frontis del Tribunal Departamental de Justicia y presentó una denuncia formal en la representación distrital del Consejo de la Magistratura para que un juez disciplinario proceda a la suspensión definitiva de los tres jueces técnicos y que el caso sea remitido al Ministerio Público por la comisión de delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En su memorial, la mujer que recientemente llegó de España donde radica por motivos de trabajo, denunció que el supuesto feminicida, Mayber Y. R, sentenciado a 30 años de prisión, fue beneficiado con la detención domiciliaria por los tres jueces.
Denunció que el proceso está siendo manipulado por supuesta influencia de la madre del sentenciado que pertenece a Las Bartolinas, organización afín al Gobierno del MAS, y es directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), además reveló que Gerardo García, vicepresidente del MAS en La Paz, es tío de la progenitora del feminicida.
Caballero recordó que la madre del sentenciado está imputada por presunta corrupción y uso indebido de influencias porque utilizó a Aracely como “palo blanco” en un negocio con la Gobernación de Chuquisaca, cuya autoridad, Esteban Urquizu, mantiene silencio cómplice, según sus palabras.
Ante la existencia de indicios de irregularidades en la decisión judicial, el Consejo de la Magistratura determinó realizar una auditoría al proceso y dispuso activar el control y fiscalización del procedimiento, según informó el representante distrital, Mateo Alandia.
Aseguró que la denuncia de la madre de la víctima será canalizada oportunamente ante el juzgado disciplinario que podría asumir algunas medidas precautorias.
