Los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Sucre defendieron ayer su decisión de disponer la cesación de la detención preventiva del presunto feminicida de Aracely Aguilera porque no había ningún riesgo procesal que sustente que el acusado siga con prisión preventiva, y mientras no exista una sentencia ejecutoriada se mantiene la presunción de inocencia.

Beth Vásquez, Ángel Barrios y Crisóstomo Mancilla, los tres jueces denunciados por presunto prevaricato tras asumir esta determinación, aclararon que este Tribunal dispuso como medidas sustitutivas para el acusado Mayber Y.R., la detención domiciliaria con escolta policial, presentarse ante el fiscal una vez a la semana, arraigo, dos garantes con patrimonios independientes y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas; si no cumple estos requisitos seguirá en la cárcel.

Después de las denuncias públicas de la madre de Aracely, Teresa Caballero, que acusó de prevaricato a los juzgadores, éstos salieron a desvirtuar las acusaciones.

El juez Barrios dijo que como tribunal de turno conocieron la solicitud de cesación de detención preventiva de Mayber Y.R., que fue sentenciado a 30 años de prisión por el delito de feminicidio, sin embargo, continúa en calidad de detenido preventivo mientras la sentencia no alcance la calidad de cosa juzgada.

Aclaró que para conseguir la detención preventiva, el Ministerio Público acreditó cuatro riesgos procesales para que el imputado esté presente en el juicio, pero que los mismos quedaron desvirtuados durante el proceso, quedando sólo el riesgo de obstaculización, que con la sentencia también habría desaparecido porque al cerrarse el juicio, él ya no podía destruir, modificar, suprimir o modificar ninguna prueba.

“Con la emisión de la sentencia, este riesgo desapareció (…) nosotros no hemos vulnerado ningún derecho, esa sentencia está en apelación y puede ir a casación”, recalcó.

Respecto a la denuncia por presunto prevaricato en el Consejo de la Magistratura, Barrios dijo que oficialmente no la conoce y una vez sean notificados asumirán las acciones legales que correspondan.

Barrios rechazó la posibilidad de presiones políticas y posible pago de dineros tal como denunció la madre de la víctima.

Vladimir Mérida, abogado de la familia de la víctima, aclaró que el riesgo de obstaculización fue el que motivó la detención del acusado porque hizo desaparecer prueba importante como prendas de vestir de la víctima que estaban con sangre y que eran determinantes en la investigación. Señaló que en otros casos de menor relevancia que no atentan contra la vida, los jueces no liberan a los detenidos.