El Ministerio Público abrió investigaciones contra 261 postulantes a la ANAPOL y la Comisión encargada de la admisión de postulantes, bajo la figura penal de cohecho (soborno), debido a los presuntos pagos que habrían realizado a una organización criminal, informó ayer el fiscal Samuel Lima, mientras un último informe policial sobre las investigaciones revela que los actos de presunta corrupción tocan a cuatro ministerios de Estado y a dos ex jefes de la institución verde olivo.

En conferencia de prensa, Lima señaló que se convocará a declarar al anterior alto mando de la institución del orden, liderado por Faustino Mendoza, debido a que la convocatoria para los ingresos se emitió en la pasada gestión.

"No se descarta ninguna posibilidad en cuanto a las declaraciones de otros actores. No existen por ahora indicios contra el ex mando policial, pero estamos esperando informes para ampliar las investigaciones y llamar a convocar a otros actores", explicó el integrante de la Fiscalía.

MÁS INVOLUCRADOS

Un informe policial sobre las investigaciones por el ingreso ilegal a la ANAPOL, revela que las pesquisas por los actos de presunta corrupción llegaron a funcionarios de los ministerios de Deportes, Salud, Educación y Gobierno. Estos servidores, según el informe policial, manipulaban la información de los exámenes de ingreso a la ANAPOL y facilitaban su aprobación, previo pago.

“La investigación pasará a una segunda fase. En esta fase están involucrados cuatro funcionarios de los ministerios de Educación, Deportes, Gobierno y Salud. Estos funcionarios avalaron ilegalmente el ingreso de los cadetes a la ANAPOL manipulando datos. Pero también la investigación llegará a ex jefes policiales, entre ellos un subdirector de la ANAPOL”, retrata el documento.

Al momento son 11 personas las procesadas dentro del caso, entre ellas dos generales, Iván V.Q.V., rector de la Universidad Policial (UNIPOL) y Walter L.T., además de otros oficiales de alto rango. Ahora se determina el grado de participación de los involucrados, sobre todo con los contratos firmados con las dos empresas ficticias a las que se adjudicó la evaluación.