El Gobierno pretende debilitar más aún a los colegios de abogados del país con el proyecto de Ley 034, que pretende modificar la Ley 387 de la Abogacía a partir de la modificación de la composición de los tribunales de Ética de la Abogacía Nacional y Departamental del Ministerio de Justicia. Se reduciría a cinco miembros, lo cual excluiría de la instancia de procesamiento a los profesionales juristas.

No sólo eso, sino también el Ministerio de Justicia fijaría el arancel profesional sin que exista una diferenciación en los costos.

La diputada opositora Yesenia Yarhui alertó ayer que el proyecto de ley modificatorio está en el Comité de Ministerio Público de Diputados, listo para pasar a la Comisión de Constitución y al Pleno de la Asamblea para su aprobación.

Entre los artículos cuestionados están el 34, 35 y 36 de la Ley 034 de la Abogacía relacionados con los tribunales de Honor y de Ética y el artículo 28 de los aranceles.

Yarhui dijo que la Ley 387 vigente establece la creación de nueve tribunales nacionales de Honor y tribunales departamentales con profesionales meritocráticos y con seis años de experiencia. Con la Ley 034 modificatoria, se reducirá a cinco los miembros excluyendo a los colegios de abogados y por el contrario se incluiría al Tribunal Supremo de Justicia y al sistema universitario para que sean parte de los altos tribunales.

Este Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía estaría conformado por el Director General de Registro Público de la Abogacía, dos delegados de la Universidad Boliviana y dos del TSJ. “Ya no se contempla a los colegios de abogados” en ninguna instancia de los tribunales.

La parlamentaria denunció una presunta intromisión política del Gobierno para monopolizar el procesamiento y sanciones a los profesionales abogados afectando a la independencia e imparcialidad que garantizan los colegios de abogados.

Este año, el Colegio Nacional de Abogado de Bolivia (CONALAB) denunció que el Gobierno pretende aprobar una ley modificatoria de la Ley 387 sin previo consenso y enviaron una propuesta de proyecto de Ley para ajustar la normativa, según detalló Arturo Yáñez del colegio de abogados de Chuquisaca.