Buscan que indulto llegue a un 50% de los sentenciados

Instituciones ligadas a la justicia en Chuquisaca tiene como meta favorecer con el indulto al 50% de los privados de libertad sentenciados de la cárcel San Roque y en las carceletas de provincias.

Esa información fue brindada por la jueza de Ejecución Penal de la Capital, Vidalia Morales, quien precisó que el Ministerio Público, el Tribunal Departamental de Justicia, Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Régimen Penitenciario firmaron un acuerdo en el que se delegan tareas para cumplir con la meta prevista.

El Ministerio Público se abocará a revisar los casos para aplicar la salida alternativa, el procedimiento abreviado en delitos de menor gravedad y tener la sentencia para que el detenido se acoja al indulto.

La Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia emitirá un instructivo en el que se ordenará a los jueces cautelares que den prioridad a los memoriales de indulto y programen las audiencias a la brevedad posible, con la finalidad de aplicar salidas alternativas y procedimientos abreviados. En otro instructivo, se ordenará a los funcionarios de ventanilla que las solicitudes de procedimiento abreviado y salidas alternativas, sean priorizadas. La misma instrucción será para los funcionarios del Registro de Antecedentes Penales (REJAP).

Se hará constar que inmediatamente pronunciada una sentencia contra un ciudadano, se la remitirá al Juzgado de Ejecución Penal para radicar la causa.

Defensa Pública y Régimen Penitenciario, por su parte, se abocarán a realizar los trámites de indulto. Con la aplicación de estas tareas se pretende reducir el 50% de los sentenciados.

 

DATOS

Según el documento informe de Gestión Judicial 2018, un poco más de 200 privados de libertad cumplen condena y una mitad de ese número podría dejar la cárcel beneficiándose del indulto.

El 24 de diciembre pasado, el presidente Evo Morales emitió un decreto presidencial mediante el cual aprueba el indulto (sentenciados) y la amnistía (detenidos preventivos), con la finalidad de reducir el hacinamiento en las cárceles.

El delegado Jurídico de San Roque, Fidel Herrera, dijo que uno de los principales problemas de ese centro penitenciario es estructural debido a que ya no hay espacio físico donde seguir ampliando. “Ni siquiera un terreno para construir”, añadió.

Herrera cuestionó que pese a que se anuncia que la detención preventiva debería ser el último recurso para garantizar la presencia del imputado en la fase investigativa y de juicio, el Ministerio Público y los jueces cautelares hacen lo contario al pedir y ordenar detenciones “por todo y por nada”.