La UPEA se moviliza y exige revocar fallo en caso Jonathan
La APDHB y diputados opositores piden que se revierta la sentencia en apelación
Marchas de protesta y bloqueo de calles se activaron ayer en la UPEA de El Alto exigiendo la reversión de la sentencia condenatoria de cinco años de prisión en contra del policía Cristian Casanova acusado por el asesinato del universitario Jonathan Quispe. El Consejo Universitario definirá hoy nuevas medidas de presión a la espera del resultado de la apelación, mientras el Consejo investigará a los jueces que dictaron la sentencia.
Luego de la marcha realizada ayer por estudiantes y docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), su rector, Freddy Medrano, anunció la convocatoria a Consejo Universitario de emergencia exigiendo una sentencia de 30 años para Casanova.
"No vamos a parar hasta que primero se revierta ese fallo injusto, tenemos una etapa todavía, es la apelación, pero sabemos cómo funciona la justicia en Bolivia lamentablemente, por eso la Universidad tiene que continuar movilizada y tiene que movilizarse y esta vez con justa razón", expresó.
Quispe Vila falleció en mayo del año pasado por el disparo de una canica de vidrio que le impactó en el pecho durante los enfrentamientos entre policías y universitarios.
Desde el Consejo de la Magistratura, el decano Omar Michel informó que la Unidad de Control y Fiscalización se encargará de investigar si hubo irregularidades en la actuación de los jueces que dictaron la sentencia de cinco años de prisión por un caso de asesinato que fue cambiado a homicidio en un proceso abreviado.
“Aparentemente el juez y el subteniente implicado, sin las demás partes habrían aplicado procedimiento abreviado y hay algunas partes que están reclamando; se tomará una determinación si hubo indicios disciplinarios o penales”, aseguró.
El diputado opositor Amilcar Barral planteó una petición de informe oral al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para que responda a 12 interrogantes sobre este caso.
Al reclamo se sumó también el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar quien calificó de “indignante” el fallo y en apelación esperan que se repare la decisión “injusta” de los jueces. Mientras el Ministerio de Justicia que inicialmente planteó el enjuiciamiento de Casanova se mantiene en silencio.