Piden echar a registrador de DD.RR. en Chuquisaca

El Ministerio Público procedió a la aprehensión del registrador Regional de Derechos Reales, Hugo Jamil S., denunciado por la alteración de trámites de anotaciones preventivas de bienes en al menos cuatro casos y el Consejo de la Magistratura abrió proceso disciplinario contra el funcionario que podría derivar en su destitución.

El ministro de Justicia, Héctor Arce cuestionó ayer la demora del Consejo de la Magistratura en asumir las acciones inmediatas en “gravísimos hechos de corrupción” y recién desde hace una semana se activó la denuncia y el Ministerio de Justicia se apersonó en el proceso contra el registrador de DD.RR.

“Lamentablemente hemos visto una actitud poco diligente y relajada del Consejo de la Magistratura y gracias a la labor del Ministerio Público y el apersonamiento del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción finalmente se logró aprehender a esta persona”, enfatizó.

Arce denunció que el registrador procedía a ordenar la cancelación de anotaciones preventivas, modificaciones de datos en las partidas en Derechos Reales poniendo en riesgo la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Mostró un folio en el que el acusado realizó la cancelación de un gravamen de un bien que era de su propiedad utilizando “el poder” para su propio beneficio.

El Ministro dijo que este funcionario no puede seguir en la institución y exigió al Consejo de la Magistratura actuar con “celeridad, rigurosidad y diligencia”.

Cuestionó que el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, teniendo conocimiento de estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, se haya ausentado a un acto académico fuera del país.

En estos tres casos, el mismo Gobierno intervino a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, emitiendo una posición por la relevancia de los hechos.

En menos de una semana el Ministerio Público intervino en dos supuestos hechos de corrupción y en un caso de violencia intrafamiliar de un tribuno en Chuquisaca.  

IMPUTACIÓN

Tras la aprehensión del registrador regional, el Ministerio Público procedió ayer a la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo.

La declaración de los funcionarios de Derechos Reales y las denuncias de al menos cuatro casos de irregularidades fueron suficientes para establecer las actuaciones delictivas del registrador que fue aprehendido el lunes en la noche, aseguró el fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales.

La denuncia del 11 de marzo presentada por el delegado del Consejo de la Magistratura en Chuquisaca, Mateo Alandia, señala que Sánchez disponía la cancelación de anotaciones preventivas con resoluciones administrativas sin orden judicial, omitiendo requisitos como el plano aprobado de la entidad correspondiente y el plano actualizado.

De manera arbitraria habría ordenado la cancelación de un gravamen sobre un lote que él mismo compró y en otro caso favoreció a un banco omitiendo el cumplimiento de requisitos exigidos a otras entidades financieras.

La Fiscalía evidenció que con una simple escritura unilateral, el imputado ordenó el aumento de una superficie superior a cuatro hectáreas sin ninguna justificación en un folio real.

Estas irregularidades en los registros de propiedad fueron advertidas por los funcionarios subalternos pero él haciendo uso de su jerarquía imponía la inscripción.

Sánchez fue designado por cuatro años por los consejeros y magistrados de la anterior gestión.

Desde el Consejo de la Magistratura, el presidente en ejercicio, Omar Michel, aseguró que esta institución se constituyó en parte querellante en el proceso penal contra el registrador y anunció el inicio de una investigación disciplinaria; en los próximos días se establecerá lo que corresponde tomando en cuenta que el imputado también tiene derecho a la defensa.

En ausencia del registrador anunció que un subregistrador asumirá el cargo.

En menos de una semana, el Ministerio Público abrió procesos penales en dos hechos de supuesta corrupción que involucran a servidores públicos y una denuncia de violencia intrafamiliar de un magistrado contra su esposa.