El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó la independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) creada por el Gobierno para prevenir estos casos.

El Subcomité cuestiona que esta institución esté bajo la tutela del Ministerio de Justicia y dependa de esta entidad, situación que le resta independencia para realizar sus actividades.

“A pesar de reconocer la labor del SEPRET, el Subcomité expresa su grave preocupación por cuanto su independencia está seriamente comprometida por la deficiente base legal que le sitúa bajo el Ministerio de Justicia”, se lee en parte del informe del Subcomité de la ONU, como parte de su visita a Bolivia, que fue conocido recientemente.

El SEPRET, señala el Subcomité, “no cumple con los requerimientos del Protocolo Facultativo. Asimismo, la Ley 474, que crea el SEPRET, en su artículo único, no establece aspectos clave del mecanismo nacional de prevención, como su mandato, facultades, el proceso y criterios de nombramiento de sus miembros, la financiación y rendición de cuentas, lo que infringe las obligaciones estatales bajo el Protocolo Facultativo”.

El Subcomité también observó que las lagunas del marco legal del SEPRET como mecanismo nacional de prevención tenían consecuencias directas en su labor, ya que “no estaba percibido como órgano independiente”.

“Por ejemplo, el SEPRET utilizaba el logo del Ministerio de Justicia en sus documentos. En varias ocasiones, los funcionarios de los lugares de privación de libertad y las personas privadas de libertad se referían al SEPRET como a un inspector estatal”, señala el texto.

Asimismo, más allá de reconocer la buena voluntad del equipo del Sepret, las organizaciones de la sociedad civil “pusieron de manifiesto su baja legitimidad y percibida falta de independencia, alegando además posibles conflictos de interés”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con relación a la metodología de trabajo del SEPRET, el Subcomité notó que el organismo “ponía un énfasis desproporcionado en las condiciones materiales de detención, no entrando en detalle en eventuales alegaciones de tortura y malos tratos”.

“Esto fue constatado a lo largo de las visitas conjuntas al penal San Pedro y al cuartel militar de Miraflores, como así también a través de la revisión del contenido de sus formularios y protocolos internos”, señala el informe.

Le preocupa al Subcomité que en la visita a la cárcel San Pedro no se realizaron entrevistas individuales confidenciales a las personas privadas de libertad y que “las entrevistas colectivas se hicieron ante la presencia de los delegados, lo que podría generar serios riesgos de represalias”.