Tras 21 años, la carrera judicial no se consolida
En su aniversario, el Consejo de la Magistratura evalúa avances y retrocesos
CONMEMORACIÓN. El acto de aniversario celebrado el viernes en el teatro Gran Mariscal. La carrera judicial, el control disciplinario y la lucha contra la corrupción siguen siendo las tareas inconclusas en 21 años de funcionamiento del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial, desde su creación un 31 de marzo de 1998.
Este año, por primera vez el Consejo organizó actividades de conmemoración de su creación a partir de las reformas constitucionales de 1994, que impulsaron la separación de funciones dentro del Poder Judicial para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental se dediquen a tramitar juicios y el Consejo a la administración de los recursos humanos, económicos y control disciplinario de los jueces.
Hace 25 años, cuando también se hablaba de la crisis judicial, todas las funciones administrativas, financieras, disciplinarias y de capacitación a los jueces estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, que se opuso a la creación del Consejo de la Judicatura.
La Constitución de 1967 concentró funciones en la Suprema; la Constitución de 1994 superó ese centralismo; la de 2009 y la Ley 025 significaron un retroceso porque quitaron al Consejo la facultad económica y financiera y la devolvieron a la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) que depende del TSJ, resume el consejero Omar Michel.
Lo propio ocurrió con la capacitación que antes estaba en manos del Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB), hoy Escuela de Jueces del Estado (EJE) bajo dependencia del Consejo. Actualmente es dependiente de un directorio encabezado por el TSJ.
El control de auditorías, que debería estar en manos del Consejo, está en manos de la DGAF que realiza auditorías a sus propias obras, siendo juez y parte, detalla Michel al sostener que al Consejo le compete la creación y supresión de juzgados y la planificación del desarrollo de la justicia, pero ve usurpación de atribuciones.
Existe una propuesta de modificación de Ley para recuperar las facultades económicas y financieras del Órgano Judicial. Las facultades de investigación y sanción de los jueces disciplinarios también están en entredicho.
Los problemas en Derechos Reales es otro pendiente, más aún cuando al ser la fuente de la subsistencia del Órgano Judicial sigue funcionando con normas de 1887, que no son actualizadas.
El presidente del Consejo, Gonzalo Alcón, cita como avances el inicio de la carrera judicial con la promoción de los funcionarios de la Escuela de Jueces; las nuevas convocatorias que reflejan mayor transparencia en el proceso y las decisiones de procesar a funcionarios judiciales y de Derechos Reales involucrados en corrupción.
Su colega Michel agrega que se conocieron más de 3.000 denuncias en 2018, se sancionaron a más de 800 funcionarios y existen más de 30 jueces destituidos.
De los más de 1.000 jueces que tiene el país, Michel dijo que al menos 200 son parte de la institucionalización, y hay otros 159 bajo proceso de convocatoria para cubrir las acefalías de jueces, vocales ordinarios y constitucionales.
Aseguró que en un año se cubrió más de 7.000 cargos de apoyo jurisdiccional y administrativo.
EN EL FORO CHUQUISAQUEÑO
Para el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Arturo Yáñez, la separación de funciones en el Órgano Judicial significó un avance, pero en los últimos años hubo un “vaciamiento” de funciones del Consejo, que fue “politizado” afectando a la consolidación de la carrera judicial. Cita el caso del despido de 100 jueces con procesos arbitrarios que le generará al Estado responsabilidades en el sistema interamericano.
Ni el 10% de los jueces en Bolivia son parte de la carrera judicial, según datos del ICACH.
“En 21 años la carrera judicial fracasó. Los que se formaron en el IJB fueron despedidos pese a que ingresaron a la carrera mediante convocatoria. Hay absoluta dependencia partidaria de los consejeros al Gobierno”, dice Yáñez.
El ex consejero Rodolfo Mérida ve una etapa de “oscurantismo” en la gestión de seis años de los primeros consejeros electos por voto popular. No utilizaron sus facultades para hacer auditorías y tampoco avanzaron en la carrera judicial. Con la realización de las terceras jornadas judiciales se elaboraron las propuestas de cambio en el Órgano Judicial para devolverle al Consejo el manejo de los recursos económicos y la administración de la EJE. Mérida considera que en casi 25 años de vigencia de las nuevas instituciones la imagen del Órgano Judicial sigue siendo la misma, “quizá peor”.
