La nueva Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la 348 de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer introducirá cambios profundos en la justicia penal a partir de agosto de este año, anunció ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, una vez que la norma sea promulgada en las próximas semanas.
La autoridad dijo que la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial, reunida en Sucre, proyectó un plazo de cuatro meses para la implementación de esta Ley a partir de su promulgación.
En conferencia de prensa junto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, dijo que la Ley establece la reducción de la detención preventiva que tiene que ser una excepción y no una regla; cuando un fiscal solicite la detención debe justificar ese plazo y justificar los actuados que realizará en ese tiempo. Además acelerar la duración de los procesos que actualmente se postergan por años y nunca concluyen, provocando sufrimiento en la víctima y en el encausado que no encuentra mecanismos de defensa.
La nueva Ley pretende juicios rápidos y evitar la suspensión de audiencias a través de la Oficina Gestora de Procesos, que se ocupará de garantizar la presencia de las partes en los juicios.
También se introducirá la tecnología en la justicia penal para las notificaciones mediante correo electrónico y la eliminación de las transcripciones de las actas.
“Es una verdadera transformación, por eso su nombre de Abreviación Procesal Penal, para que tanto la víctima y el encausado encuentren una justicia pronta”, aseguró.
