Consejo inicia auditorías en DDRR por corrupción

Las denuncias de corrupción en Derechos Reales obligan al Consejo de la Magistratura a iniciar auditorías técnicas y jurídicas en todas las oficinas del país a partir de la próxima semana, sobre todo en el eje central, en un contexto en el que se debate la permanencia de esta institución en el Órgano Judicial y la propuesta de que sea desconcentrada o descentralizada.

Después de una reunión durante casi toda la jornada, anoche, cerca de las 21:00, los tres consejeros comunicaron esta decisión que busca determinar si en los trámites se cumplieron con los procedimientos, plazos y normas de registro de propiedad, afirmó el presidente del Consejo, Gonzalo Alcón.

Las auditorías comenzarán en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba con la participación de equipos multidisciplinarios, registradores, informáticos de diferentes distritos y especialistas en materia civil y derecho registral, agregó el consejero Omar Michel.

“Es el momento de reaccionar, más allá de que hemos estado descubriendo irregularidades, denunciándolos, ahora corresponde precisar en un marco de especialidad”, enfatizó Michel.

Hace dos días, el ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtió que la dependencia de DDRR en el Órgano Judicial estaba condicionada a la “eficiencia y responsabilidad” en la administración, sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, propuso ayer, la desconcentración o descentralización de la institución del Órgano Judicial.

Tras las denuncias de supuestas irregularidades en los trámites en DDRR de Chuquisaca, el registrador está con detención preventiva; en Santa Cruz denunciaron supuestos cobros, desvío a cuentas personales de funcionarios y la desaparición de folios, hay dos ex funcionarios detenidos.

El problema fue abordado en la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial que determinó seguir las acciones penales contra los responsables de hechos ilícitos y efectuar mayor control y fiscalización desde el Consejo y el TSJ, sobre todo en los casos de Montero y la ciudad de Santa Cruz, informó Revilla.

El Presidente dijo que los hechos de corrupción fueron detectados, el sistema informático no fue vulnerado y los ex funcionarios están con detención preventiva.

Sobre la posibilidad de trasladar DDRR a otro órgano del Estado, Revilla dijo que la solución a los problemas no está en la transferencia. “Probablemente lo más conveniente es que Derechos Reales sea una entidad descentralizada o desconcentrada del Órgano Judicial”, enfatizó.

El ex presidente del Consejo de la Magistratura Wilber Choque propuso la realización de auditorías permanentes e incorporar un control cruzado porque el incremento de trámites de saneamiento de propiedad en los últimos diez años fue aprovechado por tramitadores que pagan coimas y corrompen a los funcionarios.

Desde La Paz, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cuestionó la “ineficiencia”  de los miembros del Consejo de la Magistratura que teniendo el control disciplinario de jueces y la administración de Derechos Reales no pudieron establecer sistemas de control y fiscalización para evitar la corrupción.

"Es un dolor de cabeza y una frustración en la justicia boliviana", declaró el titular de Diputados, al pedir que se sancione con cárcel a los implicados en las irregularidades que empezaron a develarse en Santa Cruz y Chuquisaca.

El magistrado del TSJ, Edwin Aguayo, apuntó que exigirán investigaciones transparentes porque es inaceptable que los bienes de las personas titulares aparezcan registrados a nombre de otras, embargados o con cambio de registros.