El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos retomó ayer sus funciones. Así lo hizo conocer a través de una carta al presidente Petronilo Flores, informando que había arribado a una solución a su "problema circunstancial", tras la denuncia por violencia familiar que su esposa planteó en su contra hace un mes, aunque después desistió y en las últimas horas pidió al juez cerrar el caso.

Mientras siguen los pedidos de renuncia de parlamentarios oficialistas y opositores que ayer exigieron que el magistrado dimita a su cargo.

“Yo he retornado a mis funciones porque hemos logrado una solución, una conciliación, nada ilegal, eso es una prerrogativa que está en la ley 348”, aseguró escuetamente Ceballos a CORREO DEL SUR.

Esta información fue confirmada por el presidente del TCP, Petronilo Flores, que anoche en una conferencia de prensa confirmó que Ceballos reasumió sus funciones luego de que se interrumpiera la licencia temporal que solicitó y que recién se agotaba el viernes.

“Luego de un análisis se dio curso (a este pedido), esto implica la interrupción de la licencia de carácter temporal presentada por esta autoridad”, aseguró Flores.

Aclaró que el TCP no tiene atribuciones para instar a la renuncia del tribuno, “a lo mejor lo tengan otras autoridades” recalcó.

Por la mañana, el fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la víctima solicitó la extinción de la acción penal para cerrar este proceso, pero la decisión final está en manos del juez Anticorrupción y de Familia, Gary Bracamonte; entretanto dijo que la Fiscalía seguirá de oficio la investigación.

En La Paz, la bancada del MAS y las autoridades de la Asamblea Legislativa demandaron ayer la renuncia del magistrado Ceballos.

"Es absolutamente inaceptable que, a un mes de la denuncia de violencia, pretenda 'chicanear'", dijo la presidenta en ejercicio de Diputados, Susana Rivero, anticipando que "cerrarán filas" ante el caso.

Reiteró que es "inadmisible" que un funcionario de alto cargo ejerza conductas enmarcadas en violencia intrafamiliar y recordó que en ese tipo de hechos no se puede conciliar, por tratarse de un delito de orden público.

La diputada opositora Lourdes Millares se sumó a la exigencia de renuncia.