Un informe preliminar del censo carcelario encontró que al menos 60 casos están relacionados con la vulneración grave de derechos de privados de libertad.

"Hemos identificado, hasta el momento, 60 casos graves de violación de los derechos de las Personas Privadas de Libertad (…) Los casos más graves son del recinto de Palmasola por lo cual Defensa Pública y un grupo de profesionales del Ministerio de Justicia se constituirán en Santa Cruz”, dijo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

Adelantó que los resultados finales serán publicados en un periodo de dos meses “y serán la base para la reforma de la justicia penal y para la correcta aplicación de la Ley Procesal de Abreviación Penal”.

La autoridad describió una docena de casos concretos de violación de derechos: personas recluidas sin sentencia ejecutoriada o que continúan en el recinto pese a que su sentencia ya fue cumplida, personas adultas mayores con discapacidad audiovisual o auditiva recluidas, personas que sufren enfermedades mentales o con un cuadro de salud deteriorado recluidas, personas indígena originario campesinas que no tuvieron asistencia en su lengua originaria y continúan recluidas, entre otros.

“También existen casos de retardación de justicia. Una persona, hace más de cuatro años, ya tenía un mandamiento de libertad; sin embargo, se observa que la asesora de la Gobernación del penal Palmasola habría dispuesto, a través de una orden manual, que ésta no se ejecute y la persona ha sido privada de su libertad indebidamente” lamentó la autoridad.

El Censo Carcelario se llevó adelante en 53 recintos carcelarios de todo el país. 1.507 estudiantes de Derecho, de universidades públicas, participaron en calidad de censistas quienes fueron capacitados por las 12 instituciones involucradas a partir de la configuración de un Manual del Censista donde se detalla el llenado de la boleta censal de 84 preguntas.