El Ministerio Público abrió una investigación contra cuatro autoridades judiciales presuntamente vinculadas con el narcotraficante Pedro Montenegro, recluido en Palmasola, que en 2015 logró hacer alterar un fallo que ordenaba su detención preventiva con fines de extradición, expedido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

“El tema es demasiado delicado como para tomar decisiones en base a una simple indagación”, aseguró ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, a la conclusión de una reunión con la presencia del ministro de Justicia, Héctor Arce; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores, y el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, en la que se trató la supuesta modificación del fallo y la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal.

En Santa Cruz, el Ministerio Público determinó ampliar la investigación al magistrado del TCP Gonzalo Hurtado; a la magistrada suplente del TSJ, Lizeth Choquerive; al vocal del TDJ de Santa Cruz Darwin Vargas, al juez Juan José Paniagua, al exjefe de la bancada del MAS de Santa Cruz, Franklin Garvizú y a la exrepresentante del Consejo de la Magistratura, María Belén Laguna. 

Estas personas son investigadas por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento.

Garvizú, en declaraciones a El Deber, dijo que se enteró a través de los medios de comunicación y aseguró su sorpresa al verse implicado ya que negó conocer a Montenegro o a alguna de las personas implicadas.

El vocal cruceño Darwin Vargas envió una carta al Fiscal Departamental de Santa Cruz en la que se pone a disposición de las autoridades para ser investigado, pero niega su relación con algún acto delincuencial.

Lo propio hizo el juez Cuarto de Sentencia en lo Penal, de la jurisdicción de Santa Cruz, Juan José Paniagua, que también negó cualquier nexo con Montenegro. 

La Fiscalía convocará a estas personas en los próximos días, mientras continúan las declaraciones de policías y los allanamientos de personas sospechosas de tener alguna relación con Montenegro, que se encuentra con detención preventiva en la cárcel Palmasola, tras entregarse el pasado sábado.

REUNIÓN TOCA EL TEMA

En Sucre, una reunión de los miembros de la comisión 898, con presencia de autoridades de alto nivel en la administración de justicia, abordó sobre la implementación de la ley de Abreviación Procesal Penal y también se refirió al escándalo de los narcovínculos que involucra a jueces y magistrados.

El Presidente del TSJ, señaló que la investigación preliminar está centrada en la actuación de algunos funcionarios judiciales y el juez de instrucción de Cotoca que tramitó el proceso de extradición en 2015. “Se está en ese tarea, en cuanto tengamos una información, un resultado objetivo bastante plausible será informado inmediatamente”, aseguró.

Sostuvo que la investigación apunta primero a identificar qué es lo que pasó en la supuesta alteración del auto supremo que ordenaba la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro, identificar a las personas y recién elegir la vía correspondiente para el procesamiento.

Explicó que en el trámite de la extradición están vinculados la Sala Plena del TSJ, el juez de instrucción que expidió el mandamiento de detención y el juez de garantías de Cotoca que concedió la acción de libertad a Montenegro, además del TCP que revocó la tutela concedida.

Desde el Consejo de la Magistratura, su presidente Gonzalo Alcón, aseguró que tienen información extraoficial de que el vocal Vargas y el juez Paniagua tendrían “amistad” con el narcotraficante Montenegro. Sin embargo, esperan un informe individualizado de los involucrados para asumir decisiones como la posible cesación.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa sospecha que el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno tramitó una denuncia de orden privado en su contra a nombre del ministro Carlos Romero. La misma figura sería en la demanda contra el coronel Gonzalo Medina.

Revelan nexos

Más de una veintena de personas fueron identificadas el sábado 11 de mayo por el Gobierno y la Policía en un diagrama de vínculos de la red de Montenegro

Involucrados

1. El magistrado Gonzalo Hurtado está registrado en la lista de vinculados con Montenegro, pero no se sabe concretamente por qué lo acusan.

2. La magistrada suplente Lizeth Choquerive sindicada por haber filmado un spot para las elecciones judiciales en la casa de Montenegro.

3. El vocal cruceño Darwin Vargas (esposo de Choquerive) que también está involucrado pero no se especifica cuál es la relación con el narco.

4. El juez Juan José Paniagua también está sindicado de tener vinculación con Montenegro y tendría una deuda pendiente con él.

Aprehenden a cuarto exjefe de la Policía 

El Ministerio Público aprehendió al teniente Juan Carlos Villca, quien se convierte en el cuarto exjefe policial implicado en presuntos nexos con Montenegro. También fue aprehendido un trabajador del empresario Mauricio Higa.

Siguiendo con las investigaciones del caso Montenegro, ayer, jueves, se presentaron en la Fiscalía Antinarcóticos de Santa Cruz, los policías Ismael Sánchez, quien aparece en videos y fotos con Pedro Montenegro y el exjefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Villca, quien también está relacionado con el extraditable. 

Mientras los policías declaraban se procedió al allanamiento de un condominio en el que vivía el teniente Villca. La Fiscalía dijo que no halló nada ya que el oficial se había trasladado de vivienda.

Villca aparece en una fotografía junto a Montenegro.

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía y el Órgano Judicial señalaron que Jeniffer Rodríguez, esposa de Pedro Montenegro, se habría apersonado con su abogado Ariel Góngora, a oficinas de la Fiscalía anticorrupción. 

Consultado al respecto, el fiscal Luis Enrique Rodríguez dijo no tener conocimiento pues la comisión de fiscales estaba en reunión en la Fiscalía Departamental. 

Juez vinculado con narco, le adeudaba

El juez Juan José Paniagua, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, se prestó Bs 350 mil de Pedro Montenegro, pese a que cuenta con un patrimonio de Bs 1.300.000.

Una declaración jurada ante la Contraloría General del Estado de fecha 26 de diciembre del 2018, da cuenta que el juez tiene una deuda con Montenegro; ese mismo día registró un patrimonio de Bs 1.300.000.

En su declaración de ayer, el juez sostuvo que no tenía dinero para pagar por la obra de su vivienda en Montero. "Efectivamente no tenía el dinero materialmente para entregárselo, le dije que podía adquirir un préstamo", afirmó, no obstante, su patrimonio era superior a 1 millón de bolivianos.

Dan de baja a 26 efectivos policiales

El Comando General de la Policía Boliviana anunció ayer la baja ignominiosa de 26 efectivos policiales implicados en escándalos de corrupción y narcotráfico. Entre ellos el coronel Gonzalo Medina, el capitán Fernando Moreira y el mayor Kurt Brun, investigados por presuntos vínculos con Pedro Montenegro.

Los que hasta el momento tienen baja definitiva son: el coronel Gonzalo Medina, capitán Fernando Moreira y mayor Kurt Brun, investigados por sus vínculos con Pedro Montenegro, y que actualmente cumplen detención preventiva.

También son castigados con esta máxima sanción de la institución Verde Olivo, Álvaro Mamani y Eloy Quispe, ambos investigados, en diferentes casos, por tráfico de sustancias controladas.