Cerca de 30 jueces cesados apelan a Comisión de DDHH

Un abogado vaticina que el Estado está expuesto a daño económico

INSTITUCIÓN. El Consejo de la Magistratura cesó de sus funciones a por lo menos 50 funcionarios desde el año pasado. Archivo

Justificación

El Consejo justifica las cesaciones por la transitoriedad y de conocerse indicios palpables de que autoridades judiciales favorecieron a delincuentes.

Alrededor de 30 denuncias por destituciones de jueces en Bolivia llegaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de salir a favor de los accionantes, generarían daño económico al Estado, advirtió uno de los juristas patrocinantes y presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez.

A la fecha ya van seis demandas en contra del Estado boliviano de jueces destituidos sin previo proceso. Otras tres denuncias más serán presentadas en las próximas semanas, anunció Yáñez.

Yáñez dijo que otros siete expedientes de recursos de amparo constitucional están en trámite de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional para cerrar la vía interna y salir a la CIDH.

“Estimamos que hasta fin de año vamos a llegar, por mi parte, porque hay otros abogados que están haciendo lo mismo, más o menos con unas 20 denuncias por el despido indebido de jueces que se sigue haciendo desde el Consejo de la Magistratura”, aseguró.

En criterio del abogado, todo indica que a mediano plazo el Estado boliviano tendría serios problemas a raíz de lo que califica como arbitrariedades cometidas por el Consejo de la Magistratura; ningún juez y, fundamentalmente el TCP, han tutelado estos casos de vulneración de derechos fundamentales para evitar generarle daño al Estado boliviano, afirmó.

Precisó que lo dice enmarcado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de casos similares de Venezuela, Perú y Ecuador, donde los estados ya fueron sancionados por arbitrariedades similares.

LAS CESACIONES

El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcon, reveló que desde el año pasado cesaron al menos 50 funcionarios por la transitoriedad y de conocerse indicios palpables de que autoridades judiciales favorecieron a personas delincuentes, automáticamente se procederá a la cesación por la transitoriedad.

Las últimas destituciones, como la del juez cruceño Juan José Paniagua, se dieron por sus presuntas vinculaciones con el narcotraficante Pedro Montenegro. Los tres consejeros decidieron echarlo sin previo proceso.

Sin embargo, respetan el periodo de los vocales, que no son considerados transitorios, y que pese a tener denuncias de estar vinculados con supuestos consorcios y abogados extorsionadores como en Cochabamba, o incumplir sentencias como el caso de los dos vocales en Santa Cruz, siguen en funciones, aunque en el caso de Cochabamba, los vocales están detenidos preventivamente en la cárcel.

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