Gobierno exige sanción drástica para expolicías
La justicia admite omisiones en la notificación a Cancillería y en la falta de denuncia por alteración
EXTRADITABLE. El acusado de narcotraficante, Pedro Montenegro está en Palmasola. Foto: APG El Ministerio de Gobierno anunció ayer que no permitirá que los "narcopolicías" Gonzalo Medina y Fernando Moreira sean liberados con la cesación a la detención preventiva y exigió sanciones rigurosas por deshonrar la imagen de la Policía Boliviana, tras ser procesados por vínculos con Pedro Montenegro, implicado en tráfico internacional de drogas.
"El Ministerio de Gobierno se va a oponer a la cesación de la detención preventiva, pero aquí hay que hacer una aclaración, el abogado de los señores (Medina y Moreira) utiliza muy bien los medios y tergiversa todo lo que está en contra de ellos", informó el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval.
La audiencia de cesación a la detención preventiva de Medina y Moreira fue programada para el 3 de junio, y la defensa de los sindicados espera que esta vez no haya obstáculos para que sus defendidos sean trasladados a Santa Cruz, donde se llevará a cabo dicha audiencia.
Sin embargo, el abogado Sandoval aclaró que ambos imputados deben cumplir la detención preventiva en el penal San Pedro, tal como dispuso la autoridad judicial, porque al momento no se resolvió la apelación que pide el traslado de ambos a Palmasola.
Respecto al caso, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió una sanción drástica para ambos implicados con Montenegro porque dañaron la imagen de la Policía Boliviana.
"Son personas que tienen que ser sancionadas con el máximo rigor de la Ley, porque han hecho mucho daño a la institución policial y a los logros que habíamos alcanzado en materia de lucha contra el crimen", manifestó Romero.
JUICIO ABREVIADO
Pedro Montenegro solicitó someterse a un juicio abreviado, por usar la identidad falsa de Pedro Hoffman Sainz y aceptó ser condenado a cuatro años de cárcel, pero el Ministerio Público no ve viable esta sanción para el sindicado de narco.
Su abogado, Ariel Góngora, dijo que la semana pasada se envió el documento a la Fiscalía pidiendo un proceso abreviado por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado. Este delito tiene una pena de prisión de uno a seis años, pero Góngora solicitó cuatro para Montenegro y espera que los fiscales lo acepten.
“Montenegro no tiene antecedentes en Bolivia y de acuerdo a ley puede beneficiarse con esta salida alternativa, obteniendo una sentencia menor a la máxima”, explico el jurista.
Revilla admite que hubo omisión del TSJ y del TCP en 2015
En 2015 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cometió “un error, una omisión” de no hacer conocer el auto supremo que disponía la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro a la Cancillería de Bolivia para que a su vez esta notifique a la Embajada de Brasil. También el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) omitió notificar a la Fiscalía y al TSJ con la supuesta alteración del fallo en versión física y digital de un auto supremo, admitió ayer el presidente José Antonio Revilla.
Precisamente por estas irregularidades, el Ministerio Público convocó a cuatro funcionarios del TSJ para una declaración informativa y lo propio se hará con otros funcionarios que eran parte de la Sala Plena ese año, algunos de los cuales siguen en funciones.
Revilla confirmó que recibió requerimientos de información de las fiscalías de Chuquisaca y Santa Cruz sobre el caso Montenegro. “El TSJ emitió los informes de antecedentes correspondientes tanto a los requerimientos de la Fiscalía de Chuquisaca y de Santa Cruz”, precisó.
Asimismo, la jueza Quinta de Instrucción en lo Penal de la Capital, Odalis Serrano, informó que en su despacho está el expediente de inicio de investigación de 23 de mayo contra autor y autores de la supuesta alteración de un auto supremo.
El Ministerio Público, que investiga los delitos de falsedad ideológica agravada e incumplimiento de deberes, tiene un plazo de 20 días para emitir un requerimiento conclusivo en esta fase preliminar de investigación por la sentencia supuestamente “trucha” que se subió al sistema informático con el que se habría beneficiado a Montenegro, ahora encarcelado en Santa Cruz.
