El Gobierno y la oposición exigen responsabilidades sobre la alteración de un auto supremo que en 2015 ordenaba la detención preventiva con fines de extradición del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro y la demora de casi cuatro años en la ejecución de esta sentencia, hechos que recién fueron denunciados y se investigan en el Ministerio Público.
La jueza Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Nº 2, Odalys Serrano, informó ayer que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción denunció al exjuez de Cotoca, Federico Jiménez Rúa, por presunto prevaricato en la acción de libertad que en 2015 frenó la orden judicial de detención preventiva con fines de extradición de Montenegro.
“El juez de Cotoca hubiese emitido resolución basándose en fotocopias simples de un auto supremo equivocado cuando debió haber exigido al menos una fotocopia legalizada de la sentencia del TSJ”, afirmó Serrano.
Agregó que se procedió a la notificación del exjuez denunciado para que asuma defensa.
Más temprano, la diputada de UD, Lourdes Millares, dijo que envió una Petición de Informe Escrito al fiscal general, Juan Lanchipa para que haga conocer a quiénes está investigando en este caso que involucra a funcionarios y autoridades judiciales y altos jefes de la Policía, incluido la Interpol.
Millares sostuvo que por investigación de Inteligencia, el Ministerio de Gobierno conoce los días y horas en que Montenegro como Pedro Hoffman, ingresó al TCP; solicitó al ministro de Gobierno Carlos Romero, revelar esa información.
NIEGAN LIBERTAD A MOREIRA
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas desestimó ayer la solicitud del capitán Fernando Moreira, de defenderse en libertad. Dispuso que el expolicía regrese a la cárcel paceña de San Pedro.
Ayer, Moreira prestó su declaración ampliatoria en la Fiscalía Antinarcóticos, de Santa Cruz, en la que habría reiterado que no conoce a Montenegro. Hoy, en otra audiencia de libertad intentará revocar la orden de detención en La Paz.
