El Ministerio Público en Sucre buscará la revocatoria de la decisión de una jueza que dio la detención domiciliaria con escolta policial al exjuez de Cotoca Federico Jiménez Rúa, imputado por paralizar la orden judicial de detención preventiva con fines de extradición del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro a través de una acción de libertad en 2015.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, señaló que la jueza Anticorrupción Nº 2 de la Capital, Odalys Serrano, en su resolución admitió que el imputado era el probable autor del hecho y había riesgo de fuga y en la audiencia no acreditó una fuente laboral y familia, elementos suficientes para dar curso al pedido de detención preventiva.
“Cumpliéndose los dos requisitos procedía la detención preventiva, hacemos hincapié a una sentencia constitucional, que establece que cuando existen dos requisitos concurrentes corresponde la detención preventiva”, remarcó.
OMISIÓN Y ERRORES
Las “omisiones y errores” de los anteriores magistrados en la tramitación de la sentencia que ordenaba la detención preventiva con fines de extradición de Pedro Montenegro en 2015 están siendo subsanados por los actuales magistrados, afirmó ayer el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, quien dijo que no puede asegurar que es el único fallo supuestamente alterado.
“Es un error, una omisión que hubo en el caso Montenegro y el no hacer conocer a la Cancillería el fallo correspondiente; el error de la falta de correspondencia entre dos versiones (de fallos en físico y digital), eso lo hemos reconocido como TSJ que aconteció en la anterior magistratura”, sostuvo.
Revilla dijo que a partir de ese hecho irregular se tomaron las medidas de seguridad en el sistema informático para evitar nuevos errores.
Aclaró que la página web es un método de consulta de los fallos del TSJ, pero la versión oficial para fines de procesos es el físico, que se publica en la gaceta oficial y posteriormente en los portales correspondientes.
Afirmó que por el momento es el primer caso de supuesta adulteración de un auto supremo detectado, pero “no puedo decir que es el único, puede haber la posibilidad de que haya también faltas de correspondencia y errores”, precisó.
Por su parte, el Consejo de la Magistratura dispuso el inicio de investigación en el juzgado de Cotoca en Santa Cruz donde se tramitó una acción de libertad a favor de Montenegro en 2015.
El presidente del Consejo, Gonzalo Alcón, dijo que se solicitó todos los actuados para establecer responsabilidades no solo del exjuez que ya está siendo procesado en la vía penal sino de otros posibles implicados.
