Trámites para indultos avanzan lento en Sucre
La lentitud de los trámites pone en duda la meta anual de 80 internos.
AUTORIDAD. La jueza del Juzgado de Ejecución Penal de la Capital, Vidalia Morales, se encarga de garantizar los derechos de los encarcelados. Foto: Luis Alberto Guevara El propósito de descongestionar la cárcel San Roque con el Decreto Presidencial Nº 3756 del 16 de enero de 2019 no está rindiendo los resultados esperados. A cinco meses de su aplicación solo 21 privados de libertad se beneficiaron con el indulto cuando la meta es favorecer a 80 hasta fin de año.
La jueza de Ejecución Penal de la Capital, Vidalia Morales, remarcó que el proceso es “lento” y eso ocasiona que los privados de libertad continúen viviendo en condiciones “inhumanas” en San Roque.
Calificó la situación de “insostenible, pues hay hasta 80 reos que duermen en una sola habitación y en el suelo, por lo que instó a acelerar los procedimientos.
Dijo que desde que entró en vigencia el Decreto Presidencial Nº 3756 que dispone indulto y amnistía, las instituciones que tienen que ver con la situación de los detenidos se reunieron para coordinar acciones con la finalidad de lograr la libertad de los reos en el menor tiempo posible.
Morales recordó que a un principio todo marchó bien e incluso se logró establecer que unos 80 privados de libertad estaban en condiciones de acogerse al indulto.
Sin embargo, en algo más de cinco meses, apenas lograron su libertad, vía indulto, 21 privados de libertad que estaban cumpliendo sentencias con penas iguales o menores a ocho de cárcel. Del total de beneficiados, 19 son hombres y dos mujeres.
Reveló que todos los indultados son jóvenes menores de 28 años, que fueron condenados por suministro de sustancias controladas, la mayoría, o estafa.
La Jueza de Ejecución Penal de la Capital explicó que hay “retardación” en el trámite porque hay requisitos que los privados de libertad deben cumplir si quieren beneficiarse con el indulto.
Por ejemplo, los interesados deben presentar certificación emitida por el juzgado de la causa que acredite que no cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada e indique el delito con pena más grave por el que está siendo procesada; certificado de REJAP; e informe del sistema de información de registro de causas judiciales, documentos que no siempre pueden conseguir por su cuenta.
