Cinco meses después de ingresar a trabajar en la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Vania Lanchipa Romero, la hija del fiscal general Juan Lanchipa, decidió ayer dejar esta institución después que una senadora denunciara que esta vinculación laboral estaría afectando la investigación de la Fiscalía en contra del magistrado Gonzalo Hurtado, vinculado al caso Montenegro, y surgieran interrogantes sobre su patrimonio.
La hija del fiscal presentó ayer una nota dirigida al presidente del TCP, Petronilo Flores, en la que le comunica su decisión de renunciar al cargo de radicadora de la Sala Cuarta Especializada “por razones de orden estrictamente académico”.
“Aprovecho la oportunidad para agradecerle la oportunidad laboral que me brindaron para desempeñar funciones en el TCP para la acertada conducción de su digna presidencia”, señala parte de la misiva recibida ayer en secretaría de Presidencia.
Vania trabajaba en la Sala Cuarta de los magistrados Gonzalo Hurtado e Iván Espada.
La senadora Jeanine Añez denunció que la vinculación laboral de la hija de Lanchipa sería el motivo para que el Fiscal General no convoque a declarar al magistrado Hurtado, vinculado al narcotraficante Pedro Montenegro por la Policía; esta denuncia fue rechazada por la autoridad del Ministerio Público y el propio Hurtado.
También surgieron interrogantes sobre el patrimonio de las hijas de Lanchipa, en especial de Vania, que declaró tener más de Bs 4 millones, según su declaración jurada en la Contraloría General del Estado.
Fue su padre, el Fiscal General, quien aclaró que su hija no tiene Bs 4 millones en activos sino que se equivocó al incluir el valor de un inmueble familiar que él adquirió en 1994 y que está a nombre de sus tres descendientes, una de ellas Vania.
Usuarios de las redes sociales cuestionaron que Vania haya falseado su declaración jurada de bienes y ahora critican que la afectada sea ella y no su padre.
