La decisión de la Fiscalía de archivar el caso de la explosión del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) sin haber encontrado a los culpables de las llamas del 18 de octubre de 2018, que mataron a tres personas, causó profunda preocupación en organizaciones de la sociedad civil, que ayer prometieron medidas de presión en contra del Gobierno Nacional.
“Entonces, ¿quién nos protege a nosotros los bolivianos? ¿Quién nos protege y cuida? YPFB Transporte es el que transporta (hidrocarburos) y debe tener permanentemente recorrido y mantenimiento (de los ductos) para que no ocurra esta situación (la explosión del 18 de octubre de 2018) y ahora fácilmente la Fiscalía viene y desestima la demanda, sinceramente nos deja más preocupados que antes, sinceramente estamos a la deriva”, dijo a CORREO DEL SUR el presidente del Comité Ambiental de Defensa de la Vida de Villa Montes, Carlos Borda.
El dirigente remarcó que toman con indignación la decisión del Ministerio Público de cerrar el caso sin haber encontrado a él o los responsables de la rotura y explosión del ducto que, el año pasado, se cobró la vida de tres miembros de una familia de agricultores chuquisaqueños, los Franco-Subia.
SIN RESPUESTA
La pasada semana, ante la falta de respuesta de la empresa nacionalizada a sus demandas de explicaciones sobre el estallido mortífero del año pasado, comunidades campesinas e indígenas, juntas vecinales y cívicos de Villa Montes conformaron un Comité para hacer seguimiento al mantenimiento del GSCY y a los compromisos que asumió YPFB Transporte tras la tragedia del año pasado.
Vía telefónica, Borda manifestó a este matutino que este jueves 4 de julio, volverán a esperar una explicación de YPFB Transporte sobre las causas del siniestro, además de los trabajos de mantenimiento de la misma línea y el montaje de una variante en el trazado del gasoducto.
“La variante que se saque de toda la zona poblada, que saquen (el gas) por otros lugares, porque el gasoducto pasa por medio pueblo y las comunidades están sobre la brecha de este gasoducto”, remarcó al denunciar que, desde que se hizo cargo YPFB Transporte, jamás limpió o hizo mantenimiento al sistema de transporte, “ni tampoco hay un monitoreo permanente como pasa en otros casos”.
Con palabras irreproducibles, Borda disparó contra el Gobierno, la Fiscalía y la justicia, considerando que, con el dictamen fiscal de archivo de obrados, “el Estado no nos defiende nada, más bien tiende a matarnos”.
Borda adelantó que se reunirá de emergencia con el resto de los miembros del Comité el martes, “seguramente para analizar esta situación y tomar acciones”.
También tuvo palabras contra el Ministerio Público, porque en Ipa –donde el año pasado detonó un tramo del gasoducto– “no han muerto perros, no han muertos animales, no han muerto plantas así nomás (…) también se ha quemado gente, seres humanos”.
“¿Dónde está la sensibilidad de estas empresas, qué corazón tienen? Eso es lo que nos preocupa”, señaló.
Sobre el silencio de YPFB Transporte, que hasta ahora se negó a dar una respuesta técnica clara y precisa de lo ocurrido a la comunidad, como a este medio, Borda opinó que tal silencio solo “confirma prácticamente la parcialidad que tiene este Gobierno. Nuestra empresa que recuperamos con la nacionalización, para que nos venga a matar y que nadie tenga la culpa, es increíble sinceramente, me ha dejado desconcertado”, señaló.
Lamentó que tampoco la empresa nacionalizada responda a los pedidos de toma de medidas para evitar que la “zona de influencia del ducto pase por varias comunidades”.
Mencionó que Tigüipa, Pirití, Ipa, Tarairí, Puerto García, Lagunitas, Caigua, Chimeo y Gauguaní, sólo en la jurisdicción de Villa Montes, viven con ductos en los cimientos de sus casas.
