Las denuncias por incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de jueces y tribunales es una constante de los litigantes y abogados, que observan que los fallos vinculantes y de cumplimiento obligatorio, sobre todo en procesos penales, no encuentran una tutela efectiva, lo cual genera una inseguridad jurídica.
La exmagistrada y presidenta del Tribunal Constitucional Silvia Salame sugiere que el TCP establezca una unidad de seguimiento al cumplimiento de los fallos constitucionales, al menos de aquellos que son denunciados.
“De qué sirve que un ciudadano acceda a la justicia constitucional si el fallo es un saludo a la bandera, o sea, no se cumple, es importante que se haga un política de Estado de que sí se debe cumplir a cabalidad el contenido de la sentencia”, sostuvo.
La jurista señaló que en muchos casos es el propio Estado el que incumple fallos a través del Órgano Judicial; cuando el TCP dispone que el juez o tribunal emita una nueva sentencia fundamentada en su contenido, y lo hace sin haber dado cumplimiento a cabalidad a las recomendaciones, ejemplificó.
“La ratio disidente es la razón del fallo pero (los jueces y tribunales) no ejecutan el espíritu de la sentencia constitucional”, aseguró.
A su juicio, esta situación lleva a una falta de seguridad jurídica, por ello sostiene la importancia de hacer seguimiento al cumplimiento de fallos.
Hay denuncias en el caso del peruano Cafferata encarcelado en Palmasola y el caso 24 de Mayo en los que los acusados denunciaron el incumplimiento de sentencias.
