Denuncian a magistrada por supuesto prevaricato

La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Georgina Amusquívar, fue denunciada ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, dentro del marco de la ley de juicio de responsabilidades, por presunto prevaricato en un caso relacionado con el despojo de una propiedad privada con documentos falsos en el departamento de La Paz; la acción que habría sido avalada por la magistrada en una sentencia afectando a una pareja de esposos de 83 y 80 años de edad.

La denuncia ingresó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados el 8 de julio.  

Se trata de la tercera denuncia ante esa instancia contra los actuales magistrados; la primera fue contra Orlando Ceballos por violencia familiar que, con su renuncia, frenó el juicio; la segunda, contra el actual presidente Petronilo Flores que está siendo investigado en Diputados por despedir a una funcionaria sin tomar en cuenta su condición de madre con hijo lactante y con discapacidad.

Amusquívar fue denunciada por Lucía Velarde y Enrique Quispe, una pareja de adultos mayores que indican que la magistrada, “de una forma ilegal, abusiva, arbitraria y saliendo de los fueros del derecho” dictó la sentencia constitucional 0745/2018 de 9 de noviembre de 2018, con la que les obligó a restituir un lote de terreno de su propiedad a otra persona que se hace pasar como propietario de un terreno con documentación falsa. Los ancianos sostienen que esos terrenos fueron heredados de sus padres.

El título propietario de los demandantes está legalmente registrado en Derechos Reales. La demanda por presunto despojo iniciada por la persona que pretende arrebatarles los terrenos con documentos falsos, fue denunciada en un recurso de amparo constitucional pero una Jueza Pública Civil y Comercial 22 les denegó la tutela de forma “grosera” e “ilegal”.

El supuesto avasallador también planteó otra acción de amparo contra los dos ancianos, por supuesto avasallamiento, tramitada en la Sala Civil Primera de La Paz, que también la denegaron porque fue planteada un año después; además, existen otros dos procesos, uno penal y otro civil, que aún están en trámite.

En revisión en el Tribunal Constitucional, la magistrada de la Sala Primera Georgina Amusquivar de forma “maliciosa” y “deliberada”, “tergiversó, mezcló y confundió”, la solicitud de los demandantes con la de sus contrarios, denuncian los ancianos afectados en su demanda ante la Cámara de Diputados.

Aseguran que en ninguno de los puntos de la resolución de la magistrada se desvirtúan los puntos resueltos por los vocales de la Sala Civil Primera, desconociendo los principios de la acción de amparo que establecen la improcedencia de la misma al existir dos procesos, penal y civil, tramitado entre los dos demandantes.

“Respetuosamente solicitamos a su autoridad, intervenga dejando pendiente esta ilegal resolución que atenta nuestros derechos constitucionales, hasta que sea revisada y valorada por autoridades competentes, mucho más tratándose de personas de la tercera edad”, señala el documento de demanda de los dos adultos mayores que está en trámite en Diputados para juicio de responsabilidades.

Este diario buscó la palabra de la magistrada aludida en el TCP, pero no pudo entrevistarse con ella.