Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Tiquipaya y Monteagudo fueron denunciadas penalmente ante el Ministerio Público por la vulneración de derechos de dos niñas de 12 años de edad que fueron víctimas de agresiones sexuales y no accedieron a la interrupción legal de sus embarazos.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó este jueves sobre las denuncias y detalló que son por incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad en el caso de Tiquipaya que además de recaer contra el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, contempla también al personal del Centro de Salud Chapisirca; mientras que en el caso de Monteagudo, la denuncia es por incumplimiento de deberes y encubrimiento de violación solamente contra el personal de la Defensoría.
La Defensora del Pueblo informó que la institución, en el caso ocurrido en Tiquipaya, tomó conocimiento del caso el 3 de julio pasado y que de acuerdo con los antecedentes, la niña fue atendida en el Centro de Salud Chapisirca el 18 de marzo, donde se evidenció su embarazo, producto de un probable hecho de violación sexual, que fue comunicado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese municipio; empero, no se informó de forma integral a la víctima ni a sus padres o tutores de la posibilidad del proceder a la interrupción legal del embarazo, conforme a los alcances de la Sentencia Constitucional 206/2014, según una nota de prensa.
El 21 de marzo, la víctima, acompañada de su madre, fue atendida en una oficina de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la que presentó una ecografía que establecía un embarazo de 22 semanas y 1 día. Tampoco se informó sobre la posibilidad de interrumpir la gestación el 27 de marzo cuando se presentó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) ni cuando fue llevada por la Defensoría al Hospital de Tiquipaya, donde solo le hicieron una ecografía.
La Defensora observó también la influencia que el personal del nosocomio ejerció sobre la familia para que desista de dar en adopción al recién nacido, decisión que habría tomado ante la imposibilidad de la interrupción legal del embarazo de forma oportuna.
“Al permitir la continuidad del embarazo se puso en peligro la salud e integridad física de la niña de 12 años, sometiéndola a un sufrimiento físico y moral de forma injustificada en inobservancia de la sentencia anteriormente citada; puesto que la víctima por su condición niña, no se encontraba preparada para asumir el rol de madre, por consecuencia de una violación, incidiendo en tal sentido, en el desarrollo integral de la misma, dejando de lado todo proyecto de vida que la misma asumiría a momento de ser mayor de edad”, manifestó la Autoridad.
Sobre el caso de la niña de 12 años de edad, víctima de violación en el municipio de Monteagudo y que recientemente dio a luz, Cruz indicó que la Defensoría del Pueblo decidió interponer una denuncia penal contra la Defensoría de la Niñez de ese municipio, porque no realizó ninguna acción legal, pese a que conoció de la situación de la menor desde el 31 de mayo de este año.
La situación fue confirmada por la responsable de esa oficina que informó que dijo que no realizó acción alguna, porque tanto la menor como su madre no habrían prestado la colaboración necesaria.
La progenitora habría señalado que no quería ningún tipo de investigación sobre el embarazo de su niña, por lo que el caso no fue denunciado ante la Fiscalía, como debía haber ocurrido.
Durante el seguimiento realizado al caso por parte de la Defensoría del Pueblo, se pudo tomar conocimiento que la niña de 12 años fue sometida a una cesárea en fecha 16 de julio en el Hospital San Antonio de los Sauces de Monteagudo, dando a luz a una niña con un peso de 3 kilogramos.
