Alcalde de Ravelo está en el penal San Roque

El alcalde de Ravelo, Germán Espada, fue enviado anoche al penal San Roque con detención preventiva tras hallarse indicios de la probabilidad de autoría en el delito de concusión, luego de la denuncia planteada por un empresario constructor. La autoridad potosina alegó ser un perseguido político por grupos de poder de su municipio.

Una tensa calma se vivió ayer en las inmediaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). En la plaza Aniceto Arce, vecinos de los distritos urbanos del municipio potosino de Ravelo se reunieron para presionar por el encarcelamiento del burgomaestre, mientras en la Rotonda de la Virgen del Carmen, miembros de los distritos del área rural de Ravelo advertían con un bloqueo de caminos si el alcalde era detenido preventivamente.

Al promediar las 16:00, ambos bandos se concentraron en la puerta del TDJ para presionar, unos por la detención y otros por la liberación de Espada, en medio del control policial.

LA AUDIENCIA 

La cita comenzó a las 16:35 en el Juzgado 2º Anticorrupción y Violencia contra la Mujer. La fiscal Elizabeth Viveros hizo la relación de los hechos al señalar que la víctima, el empresario Juan Carlos Quispe, se adjudicó en 2015 dos obras en el municipio de Ravelo: la construcción de la cancha multifuncional en la Unidad Educativa de Cocha Loma, por Bs 238 mil, y el sistema de riego de Llajta Pata, por Bs 529 mil.

Luego de haber recibido los adelantos para el inicio de las obras, el alcalde Espada le solicitó el pago de dineros, según el testimonio de la víctima.

Esta canceló lo solicitado en tres cuotas: la primera de Bs 23 mil, el 8 de agosto; la segunda de Bs 15 mil, el 28 de octubre, y la tercera de Bs 50 mil, el 31 de diciembre de 2015, haciendo un total de Bs 88 mil.

Los pagos se hicieron en la casa ubicada en la calle Tarija Nº 695, que es de propiedad del alcalde Espada.

Como indicios de la denuncia presentaron varias entrevistas a testigos que sostenían lo vertido por la fiscal sobre el pago y dónde se canceló el monto requerido.

Además hay otras víctimas que denunciaron el mismo modus operandi para el cobro de dinero por la ejecución de obras.

Luego de imputarlo por el delito de concusión, la fiscal dijo que hay riesgos procesales como el de fuga, ya que se presentó un flujo migratorio de la autoridad; obstaculización en la investigación y posibilidad de influir en las víctimas porque varias fueron amenazadas. “De esto nadie debe saber (cobro de dinero), yo soy abogado y te voy a meter a la cárcel y me aseguraré que nunca más tengas un contrato en Ravelo”, les decía el Burgomaestre, según el Ministerio Público.

Además hizo hincapié en que hay peligro para la sociedad ya que Espada tiene otro proceso en Potosí por un viaje irregular a Italia en el que no se presentó y enfrenta una orden de aprehensión.

La fiscal pidió la detención preventiva en el penal San Roque.

La defensa de Espada intentó desvirtuar la probabilidad de autoría al sostener que hay contradicciones en la entrega del dinero, ya que haciendo cálculos de los montos de las obras no se entregó el 10% como denunciaron, sino una cifra menor.

Además citaron que en varias declaraciones el denunciante dijo que pagó Bs 90 mil, cuando en la audiencia se habló de Bs 88 mil.

No desvirtuaron el riesgo de fuga ya que no presentaron documentos que acrediten que Espada viaja con facilidad por ser autoridad, ni tampoco el de riesgo para la sociedad al tener la autoridad otros casos donde no se sometió al debido proceso.

AL PENAL

Luego de tres horas de alegatos de ambas partes, la jueza 2º Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Odalys Serrano, sostuvo en su resolución que la corrupción no deja factura y que se enmarca en la ley al manifestar que en este caso procede la probabilidad de autoría por coincidir las denuncias y los lugares de entrega del dinero y el modo cómo supuestamente el Alcalde de Ravelo cobraba a otras personas.

Además dijo que en una audiencia cautelar se necesitan indicios de la comisión de un delito y acreditar riesgos procesales; ya en la investigación se demostrará si procede un juicio, añadió.

Además acreditó los riesgos procesales como el de fuga y obstaculización de la investigación por las amenazas que acreditaron los denunciantes.

Por esa razón, la jueza ordenó la detención preventiva de la autoridad potosina en el penal San Roque.