Llevan denuncia contra consejero a la Asamblea

El audio que involucra al hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, en el que se le escucha pedir a una jueza de Tarija que disponga el cese de la detención preventiva de un acusado de feminicidio, no solo se investigará en la Fiscalía, sino también en la Asamblea Legislativa a denuncia de tres diputados que exigen la destitución de la autoridad.

Los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe anunciaron la presentación de una denuncia en la Cámara de Diputados contra el consejero Michel por los delitos de asociación delictuosa, concusión, obstrucción de la justicia y uso indebido de influencias tras el escándalo de un audio que revela supuestas presiones a jueces en un proceso penal por feminicidio en Tarija.

El memorial de denuncia se refiere a la retardación de justicia de casi dos años y cinco meses en el juicio por feminicidio contra Elías Garzón que se dilata porque intentaron declarar en flagrancia el caso para que el juicio lo conozca solo un juez de sentencia y no así un Tribunal de tres jueces.

El Consejo de la Magistratura realizó en tiempo récord una auditoría jurídica al caso a pedido de la familia de Garzón y todos los jueces que conocieron este proceso y negaron la cesación a la detención preventiva están enjuiciados en la vía disciplinaria y penal, establece el documento de denuncia.

Al parecer fueron fuertes las presiones en este caso que pasó por manos de cuatro jueces: Magaly Calderón, que renunció; Jeannete Castro, que pidió su cambio porque incluso fue amenazada de muerte; en suplencia asumió Raquel Aramayo, que denunció presiones de Héctor Dávila, actual jefe de Recursos Humanos que utilizó el nombre de Michel para ofrecerle una vocalía si dejaba libre a Garzón. 

Finalmente el caso fue conocido por Minerva Tárraga a quien presuntamente Juan Michel, hermano del consejero, pidió fallar a favor del supuesto feminicida. 

“Por lo que es merecedor de la sentencia sancionatoria en la que deberá imponerse la sanción de destitución definitiva de la autoridad denunciada”, señala el memorial de denuncia.

El exfiscal departamental de Tarija Gilbert Muñoz señaló que cuando era autoridad recibió una oferta extorsiva de parte de uno de los allegados al acusado de feminicidio que le ofreció $us 20 mil para modificar el tipo penal a su favor y por denunciar este hecho –según dijo– está siendo procesado por presuntas calumnias e injurias.

La jueza Tárraga en Tarija prefirió no hablar del audio para no entorpecer la investigación, pero señaló que está dispuesta a emitir su testimonio cuando sea convocada dentro del proceso investigativo.

No desmintió la veracidad del audio y al contrario lamentó que algunas autoridades judiciales en actos públicos pregonen la probidad, la transparencia y la idoneidad pero después presionen a las autoridades jurisdiccionales por determinados fallos.

Dijo que teme a las represalias de parte del Consejo por la revelación de este audio del que desconoce cómo se filtró.

Envían a Argentina audio de Egüez

Sobre el audio que involucra al magistrado del TSJ Carlos Alberto Egüez, el Ministerio Público envió a Argentina esa grabación para que sea analizada y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Hemos sometido (el audio) a un examen pericial y hemos enviado a la República de Argentina, porque nosotros no tenemos el software necesario para llevar adelante el trabajo pericial para establecer la autenticidad del audio, si es que realmente pertenece a estas dos personas", manifestó.

Lanchipa anunció que las investigaciones iniciales de este caso serán remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido a que Egüez, en su condición de magistrado del TSJ, debe ser juzgado en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.

Califican de “deleznable” los audios 

La proliferación de grabaciones a autoridades judiciales que revelan supuestas presiones en determinados casos fue calificada como “deleznable” por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, quien aseguró que la divulgación pone en cuestión el sistema judicial. 

"Precisamente esto es una práctica deleznable. En primer lugar, lo que debemos resaltar es lo siguiente: ninguna autoridad judicial debe recibir presión o sugerencia alguna del poder político, de persona, de institución o de persona alguna. Consiguientemente eso está, no diríamos garantizado, no podemos garantizar algo que efectivamente acontece en un día a día de la actividad de los jueces", manifestó Revilla.