Sentencian a Asbún y exliquidador por estafa a exFonvis

El Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz dictó diez años de cárcel para el empresario Alejandro Asbún Farah y Javier Elías Ayoroa, dentro del denominado caso Asbún, por el delito de estafa con una afectación de $us 2 millones por la venta de terrenos al exFondo de Vivienda Social (Fonvis).

La fiscal Anticorrupción a cargo del caso Edna Montoya informó que después de casi 12 años, el Tribunal dispuso diez años de cárcel para el empresario Alejandro Asbún y seis años para Elías Ayoroa, exliquidador del exFonvis, a cumplirse en el penal San Pedro.

Montoya explicó que el caso comenzó en 2006, en el Ministerio Público, en contra del empresario Asbún Farah, por los delitos de uso de instrumento falsificado y estafa con víctimas múltiples porque utilizó un poder notarial falso de 1997, en el que supuestamente su hermano Pablo Asbún Caballero, le habría conferido facultades para actuar en su nombre y firmar el convenio del 1 de junio de 2004.

"(En ese poder, Asbún) se compromete a desistir de un proceso civil en contra del exFonvis en liquidación por la empresa Constructora Asbún, aspecto que desconocen los personeros de dicha empresa y señalan que ese desistimiento lo hizo una persona ajena al proceso civil", aclaró la fiscal.

Montoya dijo además que en ese convenio se compromete al pago de la deuda que tendría la empresa Asbún en favor del exFonvis, por los anticipos de dineros de las obras del proyecto Azucenas y de esta forma obtiene un desembolso de dos millones de dólares.

Sin embargo, el Ministerio Público, según la nota de prensa de esa entidad, obtuvo pruebas en el transcurso de la investigación que señalan que el poder 199/97 y la escritura pública 479/2004 insertos por el empresario Alejandro Asbún en el convenio del 1 de junio de 2004, eran falsos por lo que se generó un daño económico al Estado boliviano.

En cuanto a la participación en el hecho del exliquidador del Fonvis, Elías Ayoroa, se indica que de forma anticipada acepta el precio de $us 5.32 por metro cuadrado para adquirir terrenos, sin tener un respaldo legal ni técnico; es decir, no contaba con el avalúo ni el saneamiento técnico, tampoco identifica la ubicación y colindancias de la propiedad comprada.

Ayoroa también define la compra de esos terrenos a la empresa constructora Cascarena, vulnerando los procedimientos establecidos en las normas básicas de administración de bienes y servicios vigentes en ese momento, por lo que fue acusado por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes.