Convocarán a Juan Michel por audio de "cuoteos"

El consejero Omar Michel anunció estar dispuesto a someterse al polígrafo

IMPUTADO. El exjefe nacional de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Juan Michel (i). IMPUTADO. El exjefe nacional de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Juan Michel (i). Foto: Archivo

Sucre / CORREO DEL SUR
Seguridad / 27/08/2019 02:10

El Ministerio Público en Sucre citará en las próximas horas a Juan Michel, hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, para que declare sobre el audio que reveló un supuesto cuoteo de cargos en el Órgano Judicial. El consejero anunció ayer su disposición de someterse al polígrafo para desvirtuar las supuestas irregularidades en las que le involucró su hermano. 

Juan Michel ya fue cautelado con detención domiciliaria por la denuncia que tramita de oficio la Fiscalía de Tarija por uso indebido de influencias y concusión, tras revelarse un primer audio en el que supuestamente el imputado presionó a la jueza Minerva Tárraga para que dispusiera la cesación a la detención preventiva de un acusado de feminicidio.

Sin embargo, contra el imputado pesa otra denuncia del Ministerio de Justicia, presentada por su titular, Héctor Arce, por la presunta comisión de los delitos de consorcio de abogados, corrupción y tráfico de influencias por un segundo audio sobre una supuesta repartija de cargos.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó ayer que en este caso denunciado por el Ministerio de Justicia, la comisión de fiscales convocará a Juan Michel, entre hoy, martes, y mañana, miércoles, para que preste su declaración informativa y en función a la misma definir su situación jurídica.

Nava Morales dijo que dentro de la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, en las próximas horas será citado a declarar el consejero Omar Michel y otras personas y funcionarios que tendrían conocimiento de estos hechos.

Puntualizó que el Ministerio de Justicia y el presidente del TSJ presentaron denuncias por diferentes delitos.

SOMETIMIENTO A POLÍGRAFO

El Decano de la Magistratura rechazó otra vez ayer cualquier vinculación en cuoteo de cargos y dijo que no conoce a la jueza Tárraga y jamás se contactó con ella para influir en un proceso penal. Anunció que pedirá someterse al polígrafo. "Yo mismo voy a pedir someterme inclusive al polígrafo o a cualquier situación jurídica, técnica, procedimental que se me plantea, porque vuelvo a reiterar, con esa señora jueza nunca he conversado, ni personalmente ni por ninguna vía, menos por teléfono", manifestó al portal Detrás de la Verdad.

Expresó su predisposición para someterse a la investigación y declarar ante cualquier instancia, ya sea en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) o en el Ministerio Público.

INSTITUCIONALIDAD

El Colegio Nacional de Abogado de Bolivia (Conalab) expresó su preocupación por las “sistemáticas e inocultables” evidencias de corrupción que enlodan la idoneidad, transparencia e independencia de la administración de justicia, tras la revelación de audios.

“Estos episodios confirman la nefasta injerencia de múltiples poderes fácticos en la administración de justicia y la falta de mecanismos de control, transparencia e idoneidad”, afirma un comunicado del ente colegiado.

Los abogados sostienen que la “lucha contra la corrupción” o “revolución judicial” quedaron convertidas solo en "slogans" y pidieron a la sociedad boliviana y al Gobierno recuperar la institucionalidad hoy destruida.

Ordenan protección a denunciante

Dentro de la denuncia por amenazas y coacción en contra de Juan Michel presentada por una mujer cuya voz aparece en el segundo audio de supuesta distribución de pegas, el Ministerio Público dispuso cinco medidas de protección para garantizar su integridad en el marco de la ley 458 de protección a denunciantes y víctimas.

El fiscal Mauricio Nava Morales informó que al ser la denunciante una funcionaria del Consejo, dispuso algunas medidas de protección como la prohibición de amenazas y presiones en su contra, la prohibición de una posible desvinculación laboral y de comunicarse mediante teléfono celular con la denunciante ni por teléfono y menos personalmente.

“Tiene que ejercer de manera libre su trabajo, sin presiones, amenazas ni coacciones y son las autoridades del Consejo quienes tienen que garantizar y cumplir estas medidas”, aseguró.

La mujer denunció el viernes que es víctima de agresiones verbales, amenazas y amedrentamiento por parte de Juan Michel y M.S., a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp. El 21 de agosto, a las 7:45, en inmediaciones de la calle Islas Malvinas, casi le atropelló una motociclista cuando salía rumbo a su trabajo.

Observan adhesión del Consejo

La Fiscalía observó la adhesión de los tres consejeros de la Magistratura Gonzalo Alcón, Dolka Gómez y Omar Michel a la denuncia del presidente del TSJ, José Antonio Revilla, por no cumplir con los requisitos.

“Una adhesión tiene que ayudar y aportar con la relación de hechos claros, identificar autores, sin embargo, no se ha realizado eso; por ejemplo el consejero Omar Michel denunció contra autor o autores, simplemente se adhiere sin mayor explicación de por qué, sin justificación, sin relatar por qué se adhiere; una  vez que subsanen seguramente el fiscal de análisis dispondrá si corresponde o no la adhesión”, explicó.

Revilla ya declaró como testigo y la comisión de fiscales prepara citaciones para otras autoridades que puedan ayudar a esclarecer esta situación. Nava Morales observó también que la denuncia del TSJ es muy genérica, lo que no ocurre con la que presentó el Ministerio de Justicia en la que se identifica a distintas personas.

Sobre la denuncia del audio de supuesta repartija de pegas, apareció una testigo clave que habría grabado la conversación que fue revelada por la diputada Lourdes Millares por lo que el Ministerio Público dispuso las medidas de protección establecidas en la ley.

Filtración de audios

El escándalo de dos audios sobre supuestas presiones a jueces y distribución de cargos de jueces hizo que el Gobierno pida la licencia de un consejero y de un magistrado del TSJ.

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