Cinco magistrados y un consejero de la Magistratura están investigados por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones; la próxima semana el Comité del Ministerio Público de la Asamblea Legislativa tiene previsto notificar a estas autoridades judiciales y a los denunciantes para recibir sus declaraciones.

En los últimos siete años, 12 autoridades judiciales fueron alejadas de funciones, el proceso de juicio de responsabilidades fue interrumpido debido a que los demandados renunciaron al cargo. Durante ese tiempo se registraron más de 167 denuncias contra magistrados y consejeros.

De acuerdo con los datos de la diputada opositora Norma Piérola, miembro del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, están denunciados los magistrados Rufo Nivardo Vásquez Mercado del Tribunal Agroambiental; Miguel Hurtado e Iván Espada del TCP; Carlos Alberto Egüez del TSJ; y Omar Michel del Consejo de la Magistratura. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, confirmó que hay seis denuncias contra magistrados y que todas están en la etapa preliminar de investigación.

Explicó que las denuncias ingresaron a la Comisión de Justicia Plural y esta instancia las remitió al Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado que se encargará de la investigación. Anunció que notificarán la próxima semana a los denunciantes para que ratifiquen o amplíen sus denuncias y también a los denunciados para que presenten su declaración informativa con sus pruebas de descargo.

“La siguiente semana se procederá a la notificación para que presenten sus declaraciones informativas tanto los denunciados y denunciantes”, sostuvo.

Borda dijo que sobre estas denuncias, el Comité del Ministerio Público, en un plazo de 30, 45 o 60 días, emitirá un informe que será debatido en el pleno de la Comisión de Justicia Plural, y si hay suficientes elementos de convicción recomendará el inicio de juicio de responsabilidades con una acusación o si no hay pruebas se determinará el sobreseimiento. 

En caso de presentar una acusación, será aprobada por dos tercios de voto de la Cámara de Diputados para que pase a juicio en el Senado, desde ese momento procede la suspensión del ejercicio de funciones del magistrado o consejero denunciado.

En la mayoría de estas denuncias que ingresaron a principios de agosto, la Comisión de Justicia Plural determinó darse un plazo de 45 a 60 días para las diligencias investigativas porque considera que se tratan de casos complejos.

Diputada ve impunidad y protección

La parlamentaria Norma Piérola denunció un pacto de “impunidad” entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial porque la investigación en juicio de responsabilidades no avanza; el mismo oficialismo la obstaculiza desde las comisiones investigadoras, afirmó.

Recordó que desde 2017 hay 167 denuncias contra magistrados que no prosperaron en la Asamblea Legislativa y tampoco fueron remitidos a la justicia ordinaria después que los denunciados dejaron de ser autoridades, como establece la ley. 

“Es un show entre ellos porque renuncia el acusado y lo dejan sin efecto cualquier acto investigativo”, recalcó.

De los magistrados posesionados en enero de 2018, el primero en ser investigado en juicio de responsabilidades fue el magistrado del TCP Orlando Ceballos por presunta violencia familiar, pero no aguantó las presiones y renunció al cargo; el caso estaría archivado.

De la anterior gestión fueron enjuiciados y suspendidos cuatro consejeros de la Magistratura por no posesionar a un juez designado mediante convocatoria; ellos renunciaron y su proceso radica en el Ministerio Público. También fueron procesados tres magistrados del TCP por disponer la paralización de la ley del Notariado, renunciaron al cargo y el caso quedó archivado.

Suspendidos

En los últimos siete años de las nuevas autoridades judiciales, el Legislativo recibió 167 denuncias, solamente 12 autoridades fueron procesadas, suspendidas o renunciaron al cargo.