El ex presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, rechazó las acusaciones sobre una supuesta extorsión vertidas en su contra por el renunciante consejero Omar Michel, y expresó su disposición a someterse a una investigación sobre esas denuncias ya anunciada por la Fiscalía.
Al anunciar su renuncia, el pasado viernes, Michel se declaró víctima de una supuesta conspiración y apuntó a Choque por haberle pedido cinco cargos, además de intentar extorsionarle mediante terceras personas para un pago de $us 100 mil ofreciéndole, a cambio frenar la difusión de audios.
“Me acusaron de audios; yo no tuve nunca en mi poder y tampoco entregué audios a la diputada Lourdes Millares; jamás he conversado con ella, solamente de vista la conozco, del saludo de respeto en la calle, entonces mal se podría decir que tenía audios para extorsionarlos”, manifestó.
Choque también se refirió a los supuestos intentos de extorsión a los que se refirió Michel, aunque dijo que “como todo ciudadano, siempre uno busca espacios de trabajo”, pero sostuvo que “no he condicionado nada”.
"Pienso que tal vez es un lapsus, ojalá se aclare con el transcurso del tiempo, porque no es bueno ni para mi ni para nadie. En todo caso, en algún momento harán las disculpas correspondientes", insistió.
Choque dijo también que se someterá a cualquier investigación en caso de ser convocado por el Ministerio Público, como se anunció.
"Si la Fiscalía hace las investigaciones, tenemos que someternos, pero pienso que es un momento delicado que ellos (Michel y su hermano) han vivido y con el transcurso del tiempo las cosas se van a aclarar", sostuvo.
La voz del Icach
Sobre el tema, el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, opinó que una investigación del Ministerio Público no esclarecerá esas denuncias porque "estos casos tienen trascendencia en el gobierno que forma parte de los cuoteos y presiones y es el que designó a estas autoridades".
Este criterio es compartido por abogados del foro que observan una degradación del estado de derecho en la sumisión de las autoridades judiciales al régimen de Gobierno tal como lo denunciaron públicamente las diputadas Lourdes Millares que reveló los audios y Norma Piérola que sigue los juicios de responsabilidades.
