La Calancha: Gobierno pide a la CIDH archivar demanda

El Estado boliviano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarar inadmisible y el archivo de la demanda de retardación de justicia sobre las muertes de La Calancha en 2007; en su respuesta escrita refiere que los muertos y heridos se debieron a una situación de caos y de conflicto, que atribuyó a la “irresponsabilidad del Comité Interinstitucional”. 

En julio de este año, la CIDH conminó al Estado boliviano a pronunciarse sobre la demanda presentada por el diputado Horario Poppe en representación de David Soliz Soria y otros, víctimas de los hechos luctuosos de Noviembre Negro, que fue presentada ante ese organismo internacional en septiembre de 2015.

El memorial de respuesta del Estado Plurinacional lleva la firma del procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich, en el que hace una relación de los hechos ocurridos durante los conflictos por la capitalidad plena en Sucre en los que fallecieron Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo y resultaron heridos David Solíz Soria y Juan Carlos Saavedra.

Producto de estos hechos se iniciaron procesos judiciales que tienen una retardación de más de 12 años; en 2008 la Fiscalía presentó un requerimiento acusatorio contra altas autoridades del Estado, trámite que se encuentra en la Asamblea Legislativa desde 2010 a la espera de una autorización de juicio.

Para el Estado, los fallecimientos y heridos se debieron a situaciones de caos y conflicto que atravesaba la ciudad de Sucre. “Creada por la irresponsabilidad del Comité Interinstitucional, escenario en el cual el Estado, a través de las fuerzas del orden, actuó en resguardo de la integridad física de los asambleístas constituyentes y de la población civil en general”, agrega.

Asegura que las víctimas no acudieron a la justicia ordinaria para reclamar sus derechos y tampoco agotaron los recursos legales internos para acudir después a la CIDH.

El peticionante, Horacio Poppe, tampoco demostró que las víctimas hubiesen acudido a la vía penal, “por lo que corresponde a la CIDH declarar la inadmisibilidad de esta demanda por incumplimiento de los requisitos a la admisibilidad de dicho trámite internacional”, sigue la respuesta.

RESPUESTA

La CIDH confirió un plazo de un mes a partir del 11 de septiembre para que los demandantes respondan a los alegatos del Estado, señaló Poppe.

El legislador anunció que se ratificará en los hechos demandados sobre las vulneraciones a los derechos humanos –por acción y omisión– del Estado Plurinacional, durante los luctuosos hechos de la Calancha. 

Además hará conocer la imposibilidad de agotar los recursos legales internos en Bolivia al existir una evidente retardación injustificado (político) –según sus palabras– en el juicio de responsabilidades seguido contra altas autoridades de Estado, cuyo trámite se encuentra detenido en la Asamblea Legislativa Plurinacional desde hace más de nueve años, sin autorización de juzgamiento.

PEDIDO DE JUICIO

Las víctimas de noviembre Negro denunciaron en juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales y a otras autoridades por las tres muertes y heridos en noviembre de 2007, pero la Fiscalía excluyó a Morales del proceso y en 2010 pidió autorización para enjuiciar al entonces ministro de Gobierno Alfredo Rada y a otros tres exjefes policiales. A la fecha no hay autorización del parlamento.

Demanda

1. Si se admite la demanda, la CIDH convocará a las partes a una conciliación si el Estado acepta una reparación del daño económico y médico.

2. El 11 de marzo, la CIDH pidió al Estado presentar sus descargos hasta el 11 de junio, ese plazo fue ampliado hasta el 19 de julio.