El Gobierno boliviano, con la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de archivar la demanda por los muertos y heridos de La Calancha, quiere evitar un posible juicio y sanciones contra el Estado, afirmaron ayer algunos parlamentarios.
Horacio Poppe, que demandó al Estado ante la CIDH en representación de las víctimas fallecidas y heridas en "Noviembre Negro", anunció que seguirá con este proceso y está confiado en que la justicia internacional admitirá este trámite porque, en su criterio, hubo vulneración de derechos por acción y omisión del Estado y de sus gobernantes.
Además, los hechos están vinculados a las víctimas Juan Carlos Saavedra (herido por arma de fuego), Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo, los dos primeros fallecidos por herida de arma de fuego y el último por impacto de granada de gas.
Recalcó que hay una flagrante retardación de justicia porque el trámite de autorización de juicio para los presuntos responsables se encuentra detenido en la Asamblea Legislativa Plurinacional hace más de nueve años.
En conferencia de prensa, la diputada Lourdes Millares afirmó que el Estado teme un posible juicio internacional por estos hechos y por eso solicitó el archivo de la denuncia para dejar en la impunidad las muertes.
Como parlamentaria dijo que cada año insiste en el Legislativo, de mayoría oficialista, que se agende el tratamiento de la autorización de juicio de responsabilidades en contra del exministro Alfredo Rada y el Alto Mando Policial, sin resultados.
