Anuncian juicio en contra de dos vocales de Potosí
El Ministerio de Justicia cree que hubo resoluciones contrarias a la ley y la Constitución
INFORME. El director nacional de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, César Romano, en conferencia de prensa ayer, viernes. Foto: LUIS ALBERTO GUEVARA Dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí serán procesados por resoluciones contrarias a la ley, tras haber dejado sin efecto la detención preventiva que cumplía el alcalde de Uyuni, Patricio Vito Mendoza, por una supuesta venta ilegal de terrenos.
La información fue brindada por el director nacional de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, César Romano, quien señaló que la decisión de los dos vocales “es impresentable y grosera” y que perjudica a la investigación.
Antes de que esta denuncia sea formalizada en las instancias correspondientes, se presentará un amparo constitucional argumentando la violación de derechos y garantías de los denunciantes, apuntó.
“En las próximas horas, vamos a presentar una denuncia penal en contra de estos dos vocales: Franz Soliz y Oscar Azurduy por haber emitido una resolución contraria a la Constitución Política del Estado y las leyes”, afirmó Romano.
Recordó que el alcalde de Uyuni, Patricio Vito Mendoza; el director municipal jurídico, Fernando Rodrigo Mendoza, y el abogado particular Reynaldo Ramos, fueron denunciados por la venta irregular de terrenos de propiedad de la Alcaldía de Uyuni a particulares.
De las tres personas, las dos primeras fueron encarceladas preventivamente en diciembre del año pasado; la tercera (Reynaldo Ramos) fugó y está siendo buscada por las autoridades.
La venta de los lotes fue a través de una empresa particular denominada Lazos, cuyo dinero recaudado, en principio, estaba en manos de esta entidad y luego pasó a la Municipalidad.
El Director Nacional de Lucha Contra la Corrupción afirmó que se logró recuperar Bs 35 millones, aunque con certeza no se puede afirmar a cuánto alcanza el monto y el número de compradores. Una primera cifra habla de 4.715 personas; pero podría estar rondando los 10 mil, añadió.
Aseguró que el Ministerio de Justicia se querellará contra los vocales porque además desconocieron a las víctimas al señalar “que no se tienen identificadas a las víctimas” cuando aquello no es así.
