La defensa del director nacional de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), Roger Palacios, y del funcionario judicial Diego L. observó la determinación del juez de la causa y presentó un recurso de apelación incidental.

Ambos funcionarios de la DGAF fueron denunciados por supuestamente haber cobrado, en 2014 y 2015, Bs 1,4 a una empresa que construyó la casa de justicia de Villazón por un monto de Bs 18,3 millones. El denunciante es uno de los socios y el Ministerio Público abrió un proceso penal por el delito de concusión.

La tarde del viernes se realizó una audiencia de medidas cautelares que concluyó a las 4:20 de la madrugada del sábado. El juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1º de la Capital, Gary Bracamonte, determinó la detención preventiva en la cárcel San Roque de ambos imputados.

El abogado de la defensa de Palacios, Jaime Tapia, manifestó que están en “absoluto desacuerdo con esa decisión”, pues creen que el juez no valoró adecuadamente la documentación presentada por el Ministerio Público.

Dijo que todo el sustento de la imputación de la Fiscalía se basó en el testimonio del denunciante, que supuestamente tiene interés de que el hecho se vea como un acto de corrupción, y el de sus familiares (hija y hermano).

Tapia sostuvo que “ese tipo de valoración no la apreciamos correcta”, por lo que de manera directa, al finalizar la audiencia de medidas cautelares “hemos promovido el recurso de apelación incidental”.

Ahora, según su explicación, la decisión estará en una de las salas penales del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para que, “advertido de estos errores, aplique la libertad de los detenidos”.

El abogado recalcó que en la fundamentación de la Fiscalía “no presentó elemento probatorio ni siquiera indiciario” de que su defendido haya recibido dineros por la construcción de la casa judicial de Villazón, cuando esa infraestructura está concluida.