El titular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial Roger Palacios, detenido de forma preventiva en San Roque por supuestos cobros de más de Bs 1,5 millones en la adjudicación de la casa de justicia de Villazón, salió del país en al menos diez ocasiones durante los últimos tres años, en su mayoría a Panamá y con menos frecuencia a Brasil, Argentina, Perú y Puerto Rico, según documentos presentados por la Fiscalía en la audiencia de medidas cautelares.

Esa fue una de las pruebas para determinar la detención de Palacios que seguirá como titular de la DGAF porque pidió vacación, según confirmó ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, supuestamente para evitar la designación de una autoridad interina en el cargo.

Entre 2016 y 2018, Palacios salió ocho veces rumbo a Panamá vía Santa Cruz; en dos ocasiones a Brasil en 2017, ese mismo año viajó a Puerto Rico, en 2016 salió a Perú y en 2017 viajó dos veces a Laquiaca (Argentina). Estos datos fueron certificados por la Dirección General de Migración.

Revilla reiteró ayer la decisión de intervenir la DGAF desde la Unidad de Transparencia del TSJ para fiscalizar todos los procesos de contratación, pagos a empresas y cualquier manejo que muestre hechos irregulares.

Señaló que el funcionario que se encuentra detenido en San Roque seguirá en el cargo porque decidió hacer uso de su vacación, después se reunirá el directorio de la DGAF para definir quién asume conforme a normativa.

PANORAMA PREOCUPANTE

El presidente Revilla admitió que hay un panorama “bastante preocupante” en el Órgano Judicial porque no hay día que no se ventile algún tipo de irregularidad o de escándalo que salpica a funcionarios judiciales.

Además del caso del Director de la DGAF, la semana pasada la Fiscalía intervino un juzgado de Tarija por presunto consorcio de jueces, fiscales y abogados y Revilla dijo que el TSJ se apersonará en el proceso penal. También se presentó otro caso de supuesta corrupción en Derechos Reales de La Paz donde una funcionaria fue arrestada por la Policía por supuestas irregularidades en el registro de propiedad de terrenos.

Revilla aseguró que el compromiso de una reestructuración en la DGAF y en DDRR, que fue una propuesta de los nuevos magistrados, no fue contundente debido al tiempo de trabajo que lleva la implementación de las salas constitucionales y la ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. El fin de semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que la detención del Director de la DGAF desnuda la presencia de una redes de corrupción en las máximas instancias judiciales.

“No comprendo cómo algunas autoridades judiciales viajan a Cancún, tienen vehículos, tienen varios inmuebles con piscinas, utilizan la justicia para enriquecerse”, cuestionó.