DGAF: Exjefe tuvo tiempo de ocultar pruebas clave

El extitular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial Roger Palacios tenía tanta influencia que presuntamente fue advertido con anticipación de la orden judicial de allanamiento a sus oficinas y su domicilio, lo que le dio tiempo para retirar documentación y computadoras con información, según se reveló ayer en la audiencia cautelar en la que un juez dispuso la detención domiciliaria de otro funcionario investigado en el caso.

Palacios y el exjefe de la unidad de Infraestructura Diego Lambertín están con prisión preventiva en el penal San Roque, imputados por el delito de concusión por haber supuestamente cobrado Bs 1,4 millones de una empresa que se adjudicó la construcción de la casa de justicia de Villazón en Potosí.

El exasesor legal de la DGAF, Franklin S., fue aprehendido el lunes por presunta obstaculización en la investigación del Ministerio Público contra Palacios, tras ser sindicado de alertar a su jefe superior sobre el allanamiento y haber apagado las cámaras de seguridad de la DGAF para supuestamente evitar el registro del retiro de documentos y pruebas.

En su declaración informativa, el asesor ahora imputado habría referido que el 18 de septiembre recibió una llamada no identificada en la que le advirtieron de un allanamiento; esta información fue comunicada a Palacios quien posteriormente habría ordenado desconectar las cámaras de seguridad para evitar grabaciones del traslado de documentos y también pidió borrar los mensajes de su teléfono celular.

En criterio del Ministerio Público con esta actuación el imputado Franklin Soliz. habría perjudicado la efectividad de la investigación en contra de Palacios.

OTROS INVOLUCRADOS

Dentro de esta denuncia, también están involucrados Antonio P., que hoy prestará su declaración informativa, y otros funcionarios implicados en la supuesta obstrucción de la investigación.

El exdirector de la DGAF presuntamente habría ofrecido $us 20 mil, a través de Antonio, para que uno de sus funcionarios de rango inferior se inculpe del apagado de las cámaras de video.

Los funcionarios intentaron justificar el apagado de las cámaras de seguridad con un supuesto corte de energía, pero la Fiscalía a través de un requerimiento a la Compañía Eléctrica Sucre S.A (Cessa) confirmó que no hubo cortes de energía esa jornada en la DGAF.

Tras la destitución de Palacios, Soliz asumió el cargo de manera interina pero duró pocas horas tras la revelación de estos hechos.

El Juez Primero Anticorrupción de la Capital dispuso ayer su detención domiciliaria sin derecho laboral y con controles esporádicos de la Policía, además del arraigo, dos garantes y la prohibición de contactarse con personal de la DGAF. 

Daniel Barrientos, abogado de Soliz, señaló que la Fiscalía le sindica de haber ordenado la desconexión de las cámaras para obstaculizar la investigación, pero negó este hecho arguyendo que hay filmaciones que demuestran lo contrario, que él no participó de la desconexión de las cámaras y menos en la sustracción de documentación.

Barrientos dijo que tiene información de que la orden de allanamiento se habría filtrado y con eso Palacios tomó previsiones a través de algunos funcionarios. 

Señaló que con las cámaras desconectadas supuestamente tuvieron tiempo para sustraer documentación en bolsas plásticas: “En lo que refiere a mi defendido voy a demostrar que él no tiene ninguna participación en este caso nuevo y menos en los supuestos cobros a una empresa constructora”.