El extitular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Roger Palacios, actualmente detenido en la cárcel San Roque por supuesta corrupción, habría hecho sacar documentación –prueba clave en el proceso que le abrió la Fiscalía– en bolsas de basura, horas antes del allanamiento a sus oficinas. Para ello, hizo apagar las cámaras de seguridad arguyendo un presunto corte de energía eléctrica, algo que jamás ocurrió, según testimonios de funcionarios.

Un empresario que forma parte de la firma Arancibia & Asociados reveló los supuestos actos de corrupción en los que incurrió Palacios, que manejaba los recursos del Órgano Judicial desde hace más de cinco años.

El empresario en cuestión denunció que, para adjudicarse la construcción de la Casa de Justicia de Villazón, cuyo costo era de 18 millones de bolivianos, tuvo que pagar a Palacios, inicialmente, 700 mil bolivianos, después de que recibió el primer desembolso de la obra; un segundo pago lo habría hecho a Diego Lambertín, jefe de la Unidad de Infraestructura de la DGAF.

Con órdenes de allanamiento, los fiscales ingresaron a las oficinas de la DGAF y a los dom.icilios de Palacios y Lambertín, pero no encontraron nada, por lo que pidieron el registro de las cámaras de video de los días 18 y 19 de septiembre. Se percataron que habían sido desconectadas por un supuesto corte de energía eléctrica, que después la Compañía de Energía Eléctrica S.A. (Cessa) certificó que no era verdad.

La comisión de fiscales estableció que se cortaron imágenes de video y que se borró información que podría comprometer al imputado, exjefe de la DGAF. 

Uno de los funcionarios subalternos, en su declaración informativa, confesó que Franklin Soliz y Antonio Pacheco le pidieron cortar las cámaras y borrar toda la información existente. Sin embargo, estos deslindaron responsabilidades y se culparon mútuamente.

Según los fiscales, Pacheco habría ofrecido 20 mil dólares a un funcionario subalterno para que se inculpe de la desconexión de las cámaras y de la eliminación de la información, acusación que fue rechazada por el imputado.

En la revisión de las otras cámaras, los fiscales detectaron que una secretaria y una encargada de limpieza de la DGAF trasladaron documentos de prueba en bolsas de basura al vehículo del chofer de la institución que se encontraba en el garaje. La encargada de limpieza cuestionó por qué no estaban siendo llevados a un contenedor, tratándose de basura. La orden fue que las llevaran a un vehículo.

Esta documentación fue trasladada a una casa de la calle Lemoine. Palacios, que estaba aprehendido, habría llamado por teléfono celular a su secretaria para que busque un determinado documento en el vehículo que trasladó los documentos, pero no lo encontró.

Entonces, el chofer, como no sabía qué hacer con la documentación sustraída, decidió devolverla a la DGAF.

El chofer, en su declaración, reveló la existencia de un vehículo de propiedad de Palacios que estaba oculto en un domicilio particular, el mismo que después fue trasladado a un taller de chapería. Palacios habría llamado desde la cárcel para ocultar ese vehículo.

El motorizado habría sido un “regalo” por una adjudicación para la compra de un lote de vehículos para el Órgano Judicial, según la investigación fiscal.

Horas antes del allanamiento, Lambertín se habría contactado con Palacios a través del teléfono celular de Soliz para decirle que haga desaparecer una camioneta.

Al parecer, Soliz fue el primero en enterarse de la orden de allanamiento a través de una llamada telefónica de un “desconocido”, que le advirtió sobre ese actuado en las oficinas de la DGAF y los domicilios de Palacios y Lambertín.

Mientras procedían a desconectar las cámaras en la DGAF, Pacheco y Soliz se fueron a los domicilios de Palacios y Lambertin, de donde hicieron desaparecer elementos de prueba que interesaban a la investigación: documentos, vehículos, motocicletas, bicicletas, computadoras personales e institucionales.

Los peritos de informática de la Fiscalía recuperaron algunas imágenes de las cámaras de video de la DGAF, donde se muestra todo el movimiento del personal en la desaparición de la prueba. 

Los fiscales que investigan este caso son Jorge Sindulfo Romay, Elizabeth Viveros y Daniel Fernández.

El caso

• El empresario Ronald Arancibia denunció a Palacios y Lambertín por supuestos cobros del 8 por ciento del costo total de la construcción de la casa de justicia de Villazón, que alcanzaba a 18 millones de bolivianos. Es decir, 1,4 millones de bolivianos.

• El jefe de informática, Antonio Pacheco, habría ordenado a un subalterno apagar las cámaras desde las 17:00 hasta las 19:00 y borrar imágenes de la DGAF.

• Franklin Soliz habría alertado de la orden de allanamiento para hacer desparecer la documentación y pruebas que involucraban a Palacios.

• Soliz y Pacheco habrían ordenado a dos informáticos destruir la información, pero estos se negaron. Recurrieron a otro, a quien, incluso, le ofrecieron 20 mil para dólares para que se inculpe.