Caso DGAF: Defensa no ve daño económico al Estado

La defensa del exdirector de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Roger Palacios, considera que no existe ningún daño económico al Estado producto del supuesto cobro de Bs 1,4 millones a un empresario por la adjudicación de la casa de justicia de Villazón, porque se supone que Palacios pidió dinero al empresario y no al Estado.

Ese fue uno de los argumentos de uno de los tres abogados de Palacios ayer, en la audiencia de apelación en la que los vocales de la Sala Penal Primera rechazaron la petición de los dos imputados por el delito de concusión. Roger Palacios y Diego Lambertín, pretendían beneficiarse con una medida cautelar menos gravosa como la detención domiciliaria con escolta policial.

En la audiencia que se extendió por casi tres horas se conoció que el empresario denunciante no solo habría sido víctima de cobro de dineros que sumaron Bs 1,4 millones, sino también fue multado con Bs 2 millones por algunos incumplimientos en la construcción, según reveló el Ministerio Público.

El empresario habría sido afectado con Bs 2,4 millones de los Bs 18 Estadomillones que eran el costo total de la obra.

En la audiencia, el abogado Wilder Castillo señaló que no existe un daño económico al Estado porque el supuesto cobro fue al empresario no al Estado, y calificó de “abusiva” y “arbitraria” la resolución del juez de enviar a prisión a Palacios. 

Solicitó la revocatoria de la decisión del juez y cambiar la medida cautelar por la detención domiciliaria con custodia policial.

Para el fiscal Efraín Arancibia, el delito está en que el exjefe de la DGAF habría solicitado dinero –el empresario no se lo ofreció– y se preguntó por qué el imputado no refutó en su declaración si eso no era así y prefirió guardar silencio.

Los vocales Sandra Molina e Iván Sandoval decidieron mantener la detención preventiva de los dos imputados.