En 13 años, el actual Gobierno no logró la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó rumbo a Estados Unidos un 17 de octubre de 2003, luego de presentar su renuncia al cargo de presidente de Bolivia poniendo fin a los hechos luctuosos de “Octubre Negro”, que dejaron más de 60 personas fallecidas y motivaron un juicio de responsabilidades.

Fueron sentenciados a 10 y 15 años de prisión cinco miembros del Alto Mando Militar; el proceso a Goni quedó suspendido hasta que sea extraditado de Estados Unidos; la Fiscalía General del Estado emitió dos requerimientos de extradición que se estacaron en la vía diplomática entre los gobiernos de Bolivia y de EEUU.

Después de más de un mes de movilizaciones, huelgas y paros que terminaron con personas muertas y heridas, sobre todo en La Paz, en su carta de renuncia Goni denunció que la democracia estaba bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia.

En una parte de su carta, el mandatario advertía “que los peligros que se ciernen sobre la patria siguen intactos, la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida, estos peligros se asientan en la circunstancia histórica en que los fundamentos de la democracia han sido puestos en cuestión”.

Exdirigentes sindicales como Roberto de la Cruz, que fueron parte del conflicto, cuestionaron en días recientes al gobierno de Evo Morales por la "falta de voluntad política" para extraditar a Goni y a su gabinete ministerial.

De la Cruz dijo que el Gobierno se acostumbró a utilizar el 17 de octubre como un discurso de todos los años y que en realidad no muestra ninguna voluntad para extraditar a Goni de EEUU y que así sea juzgado en el país.

Anteriormente, el exministro Carlos Sánchez Berzaínel, señaló que junto a Sánchez de Lozada defendieron la democracia hasta el final, "hasta que nos derrocaron el 17 de octubre de 2003 y forzaron su renuncia a la que siempre me opuse, pero en la que por lo menos quedó claro que se trataba de un golpe de Estado”.

EXTRADICIÓN PARALIZADA 

En los últimos 13 años, Bolivia realizó cuatro solicitudes de extradición a Estados Unidos para que Gonzalo Sánchez de Lozada sea juzgado por los sucesos en octubre de 2003, sin que ninguna tenga éxito.

Hasta antes de su salida del cargo en 2018, el exfiscal general Ramiro Guerrero advirtió que la extradición de Sánchez de Lozada y de sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague dependía de una decisión política de jefes diplomáticos y judiciales de Estados Unidos. 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, afirmó ayer que este alto tribunal de justicia solicitó la extradición de Goni en la vía diplomática, trámite que sigue sin respuesta.

Señaló que todavía quedan pendientes los procesos de responsabilidad civil y las posibles indemnizaciones que deben ser priorizadas en las instancias correspondientes.

Dentro del juicio de responsabilidades en contra de Goni, cinco militares fueron sentenciados a 10 y 15 años de prisión en la cárcel San Roque. Roberto Claros Flores, Juan Veliz Herrera, Oswaldo Quiroga, Gonzalo Rocabado y el almirante Luis Aranda Granados, están con medidas sustitutivas tras cumplir más de dos tercios de su condena.

En estos días, Sánchez de Lozada volvió a la palestra política porque en una carta enviada al Financial Times en Estados Unidos, recordó que sus políticas de gobierno “ayudaron a allanar el camino” hacia el crecimiento económico y que su vicepresidente Carlos Mesa, aprovechó los conflictos sociales provocados por el actual mandatario Evo Morales “y sus aliados” para forzar su renuncia.

Sentenciados

Los exmiembros del Alto Mando Militar, Roberto Claros Flores, Juan Veliz Herrera, Oswaldo Quiroga, Gonzalo Rocabado y el almirante Luis Aranda Granados, fueron condenados a 10 y 15 años de prisión en la cárcel San Roque.

Critican gigantografías con fotografías de niños de la "guerra del gas" en El Alto

La ciudad de El Alto amaneció ayer con gigantografías alusivas a los cruentos hechos ocurridos durante la denominada "guerra del gas" que muestran a niños ensangrentados y familias afectadas por el dolor.

En el peaje de la Autopista La Paz- El Alto, en la Ceja, en la avenida Juan Pablo II y en otros puntos, se vio desde primeras horas de ayer las imágenes que trajeron a la mente los luctuosos hechos ocurridos hace 16 años.

"Quiero denunciar unas gigantografías en El Alto, específicamente a la altura del peaje de la autopista y otra por la Ceja, que claramente fueron puestas con fines políticos y de campaña, y lo último en lo que pensaron fue en el respeto a la memoria de esas personas", se lee en un comentario de un ciudadano que circuló en redes sociales, acompañado de una fotografía en la que se ve a una niña ensangrentada y que lleva la leyenda "#OctubreNegro. Ni olvido ni perdón ¡justicia!".

La misma persona agregó: "obviamente nadie quiere que (...) se repita eso en nuestro país, pero es una barbaridad poner fotos de niños muertos. ¿Con qué criterio? ¡Por Dios! ¡A dónde estamos llegando! Con esto, estamos retrocediendo siglos".

"Y no se supone que debería sancionarse este tipo de propaganda política?", consultaron ciudadanos que culparon al Gobierno.