Para el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), la salida al conflicto que vive el país no es jurídica sino política porque en Bolivia no existe un juez o tribunal independiente que pueda tramitar las denuncias de fraude sobre una “grosera vulneración” a los derechos fundamentales de miles de ciudadanos con la modificación de los resultados de las elecciones del 20 de octubre, lo que motivó el inicio de un paro cívico en varios departamentos del país.
El presidente del ICACH, Arturo Yáñez, recordó que los informes de técnicos en informática establecieron que la votación fue modificada en el cómputo por instrucción del más alto nivel en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la explicación que hizo el ingeniero informático Edgar Villegas a la cadena internacional CNN.
“Es imposible que haya un juez o un tribunal que se resista al poder del MAS, y está demás decir que ellos (los del Tribunal Constitucional Plurinacional) generaron este entuerto con sus prevaricatos, con una sentencia que validó una cuarta repostulación inconstitucional de Evo Morales, y estos tribunales no van a reparar este entuerto”, recalcó.
Aseguró que el régimen de Evo Morales es de facto y no de derecho porque con su tercera reelección ya vulneró el artículo 168 de la CPE que establece que el Presidente y Vicepresidente tienen un mandato de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.
Considera que la auditoría de la OEA tampoco es confiable a partir de la posición que asumió el secretario general, Luis Almagro, que colaboró en la campaña del binomio del MAS. “Pueden estar armando otro fiasco como ocurrió en Venezuela”, apuntó.
