El Ministerio Público tiene en sus manos una proposición acusatoria en contra del presidente Evo Morales a denuncia de la senadora Carmen Eva Gonzáles, quien solicita que el Primer Mandatario sea enjuiciado por la violación de los derechos y garantías constitucionales por supuesta instigación pública a delinquir y asociación delictuosa tras sus declaraciones sobre cercar a las ciudades que acatan el paro cívico.
La proposición acusatoria fue presentada ayer en la Fiscalía General por el abogado Luis Ayllón. En el memorial se señala que el 27 de octubre, el presidente Evo Morales, tras una reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), hizo una declaración pública advirtiendo con cercar a las ciudades que acaten el paro cívico denunciando un fraude electoral.
“Si quieren paro, no hay problema, lo vamos a acompañar con cercos a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan”, dijo Morales. Con esa instrucción movilizó a sus sectores afines cometiendo apología del delito e instigación pública a delinquir por lo que debe ser sancionado, según la legisladora.
Explica que la reunión del Conalcam para concertar un cerco a las ciudades es el primer acto delictivo ya consumado, que tiene el propósito de restringir y prohibir el acceso al agua y a la alimentación de toda la población urbana. “Un acto potencialmente criminal en vista de afectar de forma masiva, sistemática y de forma indefinida”, enfatiza.
Mucho más cuando la seguridad alimentaria es, conforme al artículo 16-II de la Constitución Política del Estado, una obligación atribuida al Estado, y el acceso al agua y la alimentación son derechos constitucionales considerados como derechos humanos.
La parlamentaria solicitó al fiscal general, Juan Lanchipa, abrir investigación, acumular antecedentes en contra del denunciado y plantear un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia y tramitar la autorización de juicio ante la Asamblea Legislativa.
El abogado Ayllón señaló que Morales cometió delitos de lesa humanidad y la próxima legislatura que conocerá este requerimiento de juicio de responsabilidades ya no tendrá los dos tercios de parlamentarios oficialistas.
Puertas cerradas
La proposición acusatoria fue presentada en una Fiscalía que se encontraba cerrada por el paro cívico y la vigilia de manifestantes.
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