Abogados de Bolivia pidieron ayer al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la nulidad de la sentencia constitucional 084/2017 que dio vía libre a la repostulación de Evo Morales para un cuarto mandato aplicando “arbitrariamente” el derecho humano que establece la Convención Interamericana.
El memorial de petición, que no se trata de un recurso constitucional, fue presentado por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, en representación de José Antonio Rivera Santivañez (exmagistrado constitucional), Roger Gilberto Cortez, Bernardo Wayar, William Bascopé, Rubén Darío Cuellar y otros juristas.
Yáñez explicó que se trata de una petición de nulidad de la sentencia constitucional 084/2017 porque el TCP actuó sin competencia para declarar la inaplicabilidad de una norma constitucional, el derecho humano de un “poderoso” (Evo Morales), por encima de los derechos de los ciudadanos que rechazaron la reelección en el referéndum del 21 de febrero.
“Eso ha generado un fraude constitucional y un fraude convencional, por lo tanto esa sentencia es nula y lo que estamos pidiendo es que el TCP lo declare nula y por esta vía restablecer el estado de derecho y la democracia y la imagen de la justicia constitucional”, señaló Yáñez.
Sostuvo que esta sentencia sirvió de argumento del binomio Evo-Álvaro para señalar que el artículo 168 de la Constitución, que establece el mandato de cinco años para el Presidente y Vicepresidente con la posibilidad de una sola repostulación, continúa vigente pero en las elecciones del 20 de octubre no se aplicó porque el Tribunal Supremo Electoral habilitó a los candidatos del MAS ignorando la Constitución.
Esta semana, otros juristas presentaron una nota de petición al TCP exigiendo la reconducción de cuatro resoluciones y sentencias constitucionales que dieron paso a la repostulación del Presidente y Vicepresidente. Ayer, los abogados Gonzalo Hidalgo, Pedro Gareca y Germán Gutiérrez Gantier presentaron un memorial de complementación ratificando su petición de uniformar la jurisprudencia constitucional por parte de Sala Plena para “reconducir o avocar” sus fallos.
