Gobernador aprehendido espera audiencia cautelar

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, espera en celdas de la Estación Policial Integral (EPI) de Villa Armonía la imputación formal del Ministerio Público que ayer dispuso su aprehensión dentro de la investigación por abandono de funciones e incumplimiento de deberes, ampliada en las últimas horas por uso indebido de bienes del Estado.

Urquizu fue convocado a declarar a las 9:00 de ayer. 20 minutos después ingresó a las oficinas de los fiscales para prestar su declaración y luego de casi dos horas fue conducido directamente a la EPI de Villa Armonía. 

Al salir no atendió a los periodistas, mientras un grupo de personas le gritaba: “corrupto, corrupto”, y otro lo defendía, incluyendo dos mujeres que respondían: “qué cosa ha robado”.

Mientras Urquizu esperaba para brindar su declaración, la Fiscalía desarrollaba allanamientos en las oficinas centrales de la Gobernación y en La Madona, de donde dijo que recopiló nuevos elementos que sustentaron la ampliación de la investigación al delito de uso indebido de bienes.

Según la Fiscalía, algunos funcionarios trasladaban documentación en camionetas hacia la zona del Chaco, camino a Cochabamba, desde donde supuestamente Urquizu cumplía funciones, sin embargo, por la declaración de los secretarios se conoció que la autoridad gobernaba desde Zudáñez, Padilla y otras provincias, algo que no se pudo constatar.

NUEVOS ELEMENTOS

El fiscal asignado al caso, Efraín Arancibia, explicó que en la investigación encontraron nuevos elementos de convicción que obligaron a la aprehensión del Gobernador que desde el 21 de octubre se declaró en la clandestinidad y el 10 de noviembre anunció su renuncia mediante una funcionaria, la misma que desmintió el 18, en medio de la crisis política que atraviesa el país.

A partir del abandono de funciones, Urquizu habría hecho uso indebido de bienes públicos, sostuvo el Ministerio Público.

“Él está en calidad de aprehendido y tiene que estar en celdas policiales; había bastante prueba documental y testifical por las cuales el Ministerio Público decidió la imputación”, aseguró Arancibia.

Después de casi dos horas de espera, Urquizu al final no prestó su declaración informativa y decidió abstenerse de emitir cualquier versión sobre los hechos denunciados.

Arancibia señaló que lo único que la autoridad solicitó es garantías para su familia y para él, no en su condición de gobernador.

SORPRENDE AMPLIACIÓN

Edgar Petersen, abogado de Urquizu, se mostró sorprendido por la decisión de la Fiscalía que lo había citado para declarar sobre el delito de  incumplimiento de deberes y abandono de funciones, pero mientras esperaba para declarar, cambió el tipo penal y amplió la investigación para justificar la aprehensión.

“Nos han hecho esperar dos horas y mientras esperábamos procedían al allanamiento de sus oficinas y de su domicilio, tienen atribuciones sí, pero considero que no es la forma”, protestó.

El jueves de la pasada semana, el abogado Luis Ayllón presentó una denuncia contra Urquizu por incumplimiento de deberes y abandono de funciones, por la que fue convocado ayer a declarar en la Fiscalía. A través de un memorial, Ayllón solicitó ayer la imputación del Gobernador y su posterior detención preventiva en San Roque.

Sin embargo, los fiscales dijeron que con la imputación recién se definirá la medida cautelar que se solicitará al juez de turno.

El Ministerio Público no descartó la ampliación de la investigación en contra de otras personas que coadyuvaron con el gobernador en la  comisión de delitos.

Ven riesgos de fuga y obstaculizacion

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, señaló que la comisión de la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas Aduaneros y Tributarios emitió la orden de aprehensión contra Esteban Urquizu luego de observar la probabilidad de autoría y la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

“En las próximas horas se presentará la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional quien deberá fijar fecha y hora para el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares”, sostuvo.

Aclaró que la aprehensión no se dio a pedido del denunciante sino producto de la ampliación de la investigación por uso indebido de bienes del Estado que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal establece una sanción de cuatro a seis años de prisión.

Piden a asamblea querellarse contra Urquizu

El asambleísta departamental Eusebio Cordero dijo ayer que presentó una nota a la presidencia de la Asamblea para que se apersone como querellante en contra del Gobernador, como entidad fiscalizadora del Ejecutivo.

“Nosotros estamos preparando otras denuncias como las designaciones ilegales, supuestos actos de corrupción, algunos hechos que se suscitaron en el marco de su trabajo de manera irregular. Habrá seguramente más porque ha estado diez años el señor Esteban Urquizu”, enfatizó.

Con esta decisión correspondería que Urquizu renuncie al cargo para evitar más perjuicios al departamento y que una autoridad interina asuma la conducción del gobierno departamental, señaló Cordero al apuntar que el proceso de investigación llevará su tiempo.

Indígena Chávez exige renuncia de Gobernador

El exdirigente indígena Hilarión Chávez, que terminó encarcelado por los procesos penales impulsados por el gobernador Urquizu, estuvo presente en la Fiscalía y recordó que con un mandamiento de aprehensión fue conducido a las oficinas del entonces fiscal Edgar Petersen, que coincidentemente ahora es abogado de Urquizu, y después llevado a prisión preventiva a San Roque.

Recordó que tenía dos procesos penales en su contra por la toma de la sede de la Federación de Campesinos de Chuquisaca y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con los que fue víctima de una persecución política.

“Por ética deberías renunciar, no hagas quedar mal a los hermanos del área rural y la justicia tiene que obrar de buena fe”, sostuvo.

Varias denuncias

En los últimos 10 años, el Gobernador fue denunciado en el Ministerio Público por 26 veces, pero la mayoría fueron rechazadas por los fiscales quienes cerraron los procesos.