Procesos contra judiciales están en la incertidumbre
La Comisión no avanzó en la investigación y Piérola advierte posible rechazo
INVESTIGADOS. Los litigantes y parlamentarios denunciaron a los magistrados y consejeros ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Foto: Archivo Las investigaciones contra magistrados y consejeros de la magistratura por presuntos hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones están en la incertidumbre, y podrían quedar extinguidas porque el Comité de Ministerio Público de Diputados, donde el MAS tiene mayoría, no avanzó en las investigaciones, según la diputada Norma Piérola.
El nuevo Gobierno ya adelantó que no se pronunciará y esperará que la investigación defina el futuro de estas autoridades.
Los conflictos políticos y sociales después del fraude electoral del 20 de octubre, dejaron paralizados los procesos de investigación para eventuales juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa contra al menos seis autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Entre los denunciados están los magistrados Gonzalo Hurtado, Rufo Nivardo Vásquez, Petronilo Flores, René Iván Espada y Carlos Alberto Egüez y el consejero de la Magistratura, Omar Michel, investigados en el Comité de Ministerio Público del Legislativo, por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias, prevaricato, entre otros.
Las autoridades judiciales prestaron su declaración informativa ante este comité y estaban a la espera de su decisión, con un requerimiento acusatorio o el rechazo de la denuncia.
La diputada Piérola, miembro del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, denunció ayer a CORREO DEL SUR que este comité, con mayoría de parlamentarios del MAS, pretende extinguir estas denuncias por vencimiento de plazos y falta de presupuesto para la investigación.
“Pretenden extinguir esos procesos por decisión política de los parlamentarios del MAS”, advirtió.
¿Qué dice el nuevo Gobierno? Su posición es que estos procesos continúen en el marco de las garantías constitucionales y el procedimiento hasta concluir con una sentencia, sostuvo en su última visita en Sucre el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
“No le voy a pedir a nadie que se retire, yo creo en el debido proceso, cada quien tiene su ética, no se lo endosa a nadie, es uno que tiene que tomar esa decisión, lo que sí les puedo decir que impunidad no habrá”, aseguró.
El consejero Omar Michel fue denunciado por presunta presión a una jueza en un caso de feminicidio en Tarija y supuesto cuoteo de cargos de jueces. La autoridad anunció su renuncia irrevocable al cargo en agosto, pero no hizo efectiva esa determinación.
El magistrado del TSJ Carlos Alberto Egüez está denunciado por presunto fraude en las elecciones judiciales de 2017. El resto de los magistrados tienen denuncias de particulares por sus sentencias.
La presidenta del TSJ, María Cristina Díaz, deslindó responsabilidades sobre esos procesos contra magistrados y consejeros porque las tramita el Órgano Legislativo por tratarse de autoridades electas.
