Dos jóvenes venezolanos, de 19 y 22 años, fueron encarcelados en el Penal de San Pedro, acusados de intento de robo agravado en vía pública ocurrido el 30 de septiembre. Según revisión del acta de audiencia y versión del abogado, no existen los elementos suficientes para el delito. Los acusados afirmaron que el denunciante, funcionario del Ministerio de la Presidencia, los insultó por su nacionalidad y esto originó un altercado.
Según el relato de los hechos que figura en el acta de audiencia, el 30 de septiembre de este año, Juan Pablo I. B., supuesta víctima -funcionario de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) del Ministerio de la Presidencia-, transitaba por el Paseo del Prado (avenida 16 de julio) de La Paz y vio a tres jóvenes venezolanos que “molestaban” a una persona mayor y les pidió que no lo hagan, y al seguir su camino, según su versión, sintió que le jalaron su mochila en la que supuestamente había una Tablet –y de la que no se brinda ningún dato-. Refirió que recibió un golpe de uno de los jóvenes y fue el momento en que pidió auxilio y funcionarios policiales intervinieron mediante acción directa.
La versión de los jóvenes es que Juan Pablo I. B. al pasar por el lugar, cuando ellos ofrecían dulces a una persona mayor, les gritó: “Venezolanos de mierda, váyanse a su país, ya estoy cansado de ustedes”.
Uno de los jóvenes se le acercó y le dijo: “Señor, usted no sea abusador, si usted no me va apoyar, tranquilo padre, ni siquiera le estoy ofreciendo caramelos a usted”. A esto I. B. le habría respondido: “Me vale mierda, cojudo” y le mostró el dedo del medio. Ante esa reacción, uno de jóvenes –ya eran tres en ese momento- lo empujó y le reclamó por su actitud, y éste recibió un empujón de I. B. En ese momento la supuesta víctima lo tomó del brazo y empezó a gritar: “policía, policía”. En cuestión de minutos aparecieron efectivos de civil, policías de inteligencia, que se hicieron cargo de la situación.
Los jóvenes tras permanecer retenidos por más de una hora al frente del Banco Bisa, donde ocurrió el hecho, fueron llevados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en una camioneta cerca de las 19.00. En el trayecto, los efectivos de civil, según el relato de los aprehendidos, los amenazaban con expulsarlos del país y les proferían insultos xenófobos por su nacionalidad.
En la Felcc los tres fueron desnudados y revisados de pies a cabeza al igual que sus mochilas y no les encontraron nada comprometedor. Durmieron esa noche en celdas policiales tal como fueron aprehendidos.
Los jóvenes relataron que en la Felcc, la supuesta víctima conversaba y coordinaba de manera amigable con los policías y las autoridades del Ministerio Público, presentándose como funcionario del Ministerio de la Presidencia.
En audiencia de medidas cautelares el 2 de octubre, la jueza de Instrucción Penal Tercera, Lorena Camacho, determinó detención preventiva en el penal de San Pedro para dos de ellos, por ser mayores de edad. En otra audiencia, el tercero, menor de edad, fue liberado. A ninguna de las audiencias acudió el denunciante.
Al escuchar la imputación fiscal por tentativa de robo agravado y el fallo de la juez, los jóvenes lamentaron lo que consideraron un abuso de poder ya que “un altercado en la calle no es para cárcel”.
Una imputación sin fundamento, según la defensa
Según el acta de la audiencia de medidas cautelares, la fiscal de materia Teresa Vera Loza imputó a Jesús Eduardo V. G. y a Carlos Josiayer B. Z., ambos de nacionalidad venezolana, por la presunta comisión del delito de tentativa de robo agravado. Para el abogado defensor, Oscar Pereira, se trata de una acusación “bastante temeraria” al basarse “solo en la denuncia de la presunta víctima”.
Pese a no existir ningún elemento contundente que los incrimine, la fiscalía presentó la imputación sobre una “argumentación insostenible”, refirió Pereira.
Se acusa a los jóvenes de querer robar una Tablet, pero no se precisa en la imputación fiscal qué tipo de equipo es ni se citan otras características, “dando lugar con esta versión a que se suponga cualquier tipo de objeto valioso”. Además, se denuncia agresión, incluso que la supuesta víctima fue golpeada “en su humanidad”, pero esa aseveración no se respalda con ningún informe médico que acredite su veracidad.
Sobre el supuesto hecho de molestar a una persona adulta mayor por parte de los jóvenes que vendían dulces, en el acta de audiencia no se precisa la forma cómo esta situación ocurrió. Por otro lado, la denuncia de xenofobia por parte de los extranjeros, que se configura en un delito de acuerdo a las leyes nacionales, no fue tomada en cuenta por la juez.
“Bolivia es uno de los pocos países donde primero te meten a la cárcel y después investigan. Esa es la regla, aunque dicen que en nuestra legislación la excepción es la detención preventiva y la regla es la libertad, pero eso nunca se cumple”, lamentó el abogado.
La defensa de los extranjeros presentó un requerimiento a la fiscal Teresa Vera Loza en fecha 15 de octubre para que se accedan a las cámaras de video del lugar donde ocurrieron los hechos y “demostrar la inocencia” de sus defendidos, así como un careo con la supuesta víctima, quien hizo la denuncia y nunca más se presentó a las audiencias. Pasado más de un mes de la solicitud, la fiscal Vera no dio curso al pedido que por lo general se resuelve en 48 horas. La unidad de comunicación informó que la funcionaria tiene mucha carga laboral y que se habría dado curso al pedido. Por fuentes de la fiscalía se conoció que la orden habría sido emitida, pero que se traspapelado durante todo ese tiempo y no se dio curso.
ANF se comunicó con Juan Pablo I. B. para pedirle su versión sobre la denuncia de uso de influencias, por parte de los ahora encarcelados, al ser él un funcionario público. El consultado respondió que fue agredido y que también recibió amenazas a su celular, pero este elemento no figura en el cuaderno de investigaciones.
El abogado Pereira indicó que en este caso ha habido presión de todo lado. “Cuando fui a hablar con ellos en celdas judiciales, había un tipo que estaba hablado con ellos, era un capitán que los fue a amedrentar”.
Así también, contó que un cabo de la policía amedrentaba a sus clientes cuando los subía desde celdas a las puertas del juzgado. Al ser reclamado por su actitud, el cabo impidió que él converse con ellos y dio como argumento que existe un instructivo para que los abogados no puedan hablar con los clientes.
Jesús y Carlos se declaran inocentes de las acusaciones. Aseguran que trabajaban de forma honrada y digna en Bolivia hasta que fueron detenidos. Ya estaban dos meses en el país. Vivían en un alojamiento en El Alto y las cosas marchaban bien. Pudieron ahorrar dinero para enviar a sus familias en Venezuela, de donde salieron por la aguda crisis que afronta el país.
“Uno hace todo lo posible para ganar honradamente, somos inocentes, padre, ahí están las pruebas, no es justo que nos traten así”, reclamó Jesús.
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